El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, negó enfáticamente que esté realizando deportaciones colectivas de ciudadanos colombianos privados de libertad. Esta respuesta se da tras la protesta oficial de la Cancillería colombiana. Ellos denunciaron lo que consideran una “deportación masiva” y sin coordinación previa de sus connacionales desde cárceles ecuatorianas.
La Cancillería ecuatoriana informó el 26 de julio que todo el proceso iniciado un día antes se ejecuta conforme a la ley. Esto respeta el derecho internacional y los derechos humanos. Además, insistió en que las deportaciones se realizan de forma individual. Se hacen con resoluciones personalizadas y boletas de excarcelación emitidas por autoridades judiciales con coordinación con la Policía Nacional.
Colombia protesta por falta de protocolo y coordinación
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su “más enérgica protesta” por lo que calificó como una acción unilateral por parte de Ecuador. Según el comunicado oficial de Bogotá, las autoridades ecuatorianas iniciaron las expulsiones sin un protocolo consensuado. Esto impidió identificar adecuadamente a los ciudadanos, verificar sus situaciones jurídicas y garantizar un traslado digno.
Colombia sostiene que esta situación vulnera principios básicos del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas. También criticó que no se facilitó la información necesaria con suficiente antelación para coordinar el ingreso de los deportados. Esto generó problemas en el Puente Internacional de Rumichaca, donde varios de ellos quedaron retenidos temporalmente.
Ecuador afirma haber notificado a Colombia con anticipación
En respuesta a estas críticas, la Cancillería ecuatoriana precisó que notificó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio de 2025 sobre los procesos de deportación. Estos procesos se llevarían a cabo. Esta comunicación, afirmó, se realizó mediante los canales diplomáticos adecuados.
Además, se aclaró que la ejecución de las deportaciones ha estado coordinada con la Policía Nacional. Esto garantiza la seguridad y el respeto a las leyes nacionales. Las autoridades ecuatorianas reiteraron que los reos colombianos fueron liberados con boletas de excarcelación válidas. No están siendo enviados a Colombia para cumplir condenas. Quedan en libertad si no tienen procesos judiciales pendientes en su país.
Cifras y situación actual de los deportados
Según cifras oficiales, cerca de 870 presos colombianos están incluidos en este proceso de expulsión. Hasta el momento, más de 600 han sido registrados y unos 450 ya han ingresado a Colombia. De ellos, al menos 348 tienen antecedentes judiciales, informó la Cancillería colombiana.
Los deportados fueron trasladados desde distintos centros penitenciarios del país hacia la frontera con Colombia. A diferencia de procesos anteriores, en este caso los expulsados no continuarán sus condenas en cárceles colombianas. Esto implica que, salvo procesos judiciales pendientes en Colombia, los deportados quedarían automáticamente en libertad.
Un plan dentro del combate al crimen organizado
Esta repatriación masiva forma parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis carcelaria. También busca afrontar el auge de la violencia en Ecuador. Las cárceles han sido escenario de masacres y disputas entre bandas criminales. Esto ha llevado al gobierno a declarar al país en “conflicto armado interno” y calificar a las bandas como grupos terroristas.
Dentro de esta política de seguridad, Noboa dispuso desde 2023 la repatriación de más de 3.200 presos extranjeros. Principalmente de nacionalidad colombiana y venezolana. Estos presos representan alrededor del 10 % de la población penitenciaria del país.
La controversia entre Ecuador y Colombia por la deportación de presos refleja las tensiones. Estas surgen cuando se entrelazan políticas de seguridad interna con compromisos internacionales. Mientras Ecuador defiende su soberanía y el cumplimiento del debido proceso, Colombia insiste en que el procedimiento fue unilateral y falto de garantías mínimas para sus ciudadanos. Lo cierto es que el conflicto se desarrolla en un contexto de extrema violencia carcelaria en Ecuador. El país busca desesperadamente medidas para recuperar el control penitenciario y enfrentar a las mafias organizadas.
Fuente: Primicias
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