El robo de combustibles en Ecuador, conocido como “huachicoleo” o “pinchazos”, ha generado pérdidas superiores a USD 300 millones en los últimos cinco años. Tan solo en lo que va de 2025, las pérdidas ascienden a USD 180 millones. Esta cifra podría superar a los USD 215 millones reportados en 2024. Este delito consiste en perforaciones ilegales a los poliductos de Petroecuador para extraer gasolina y diésel. Estos combustibles se destinan al contrabando y a la minería ilegal.
El rol de grupos criminales y agentes del Estado
De acuerdo con la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, se han sustraído más de 1,6 millones de barriles de combustibles. Se extraen con un promedio de 20.000 galones diarios. Las autoridades señalan que Los Lobos y Los Choneros, catalogados como organizaciones terroristas por EE.UU., controlan cerca del 80% de este negocio ilícito.
Lo más alarmante es la participación de policías y militares en las redes criminales, además de funcionarios de Petroecuador. Esto revela un nivel profundo de corrupción e impunidad. Pese a que en los últimos tres años se han detenido a alrededor de mil personas, la mayoría ha quedado en libertad sin sentencia.
Petroecuador debilitada por despidos y corrupción
El despido de más de 300 trabajadores y técnicos de Petroecuador en 2025 debilitó aún más los controles internos. Varios de los cesados eran especialistas con amplia experiencia en el manejo de poliductos. Esto ha dejado espacio para la filtración de información estratégica hacia las mafias.
Además, trabajadores denuncian extorsiones y amenazas por parte de los grupos criminales. Entre el 25% y el 30% de los empleados de la Refinería de Esmeraldas habrían sido víctimas de presiones. Esto genera temor e inseguridad en la plantilla.
Infraestructura vulnerable y control limitado
La red de poliductos de Petroecuador abarca 1.400 kilómetros en 13 provincias, atravesando terrenos agrícolas, montañosos y urbanos. Estas condiciones dificultan la vigilancia, especialmente en sectores peligrosos como Nueva Prosperina en Guayaquil, donde operan las mafias más violentas del país.
La situación se agrava con otros delitos paralelos como el robo de cableado de cobre, que en 2024 provocó pérdidas por USD 4 millones y una caída del 1% en la producción petrolera.
Impacto económico y social del huachicoleo
El robo de combustibles no solo afecta a Petroecuador, sino también a toda la economía nacional. El subsidio a los combustibles, que cuesta al Estado más de USD 4.000 millones anuales, se erosiona con estas fugas. En lugar de beneficiar a sectores vulnerables, parte de este dinero termina en las arcas de grupos criminales.
De igual forma, expertos advierten que el huachicoleo fortalece la minería ilegal y el contrabando, actividades que generan millonarias ganancias para mafias locales e internacionales.
Respuestas oficiales insuficientes
En 2024, las Fuerzas Armadas y Petroecuador firmaron un acuerdo para proteger la infraestructura de transporte de combustibles mediante operaciones conjuntas de vigilancia. Sin embargo, un año después, el fenómeno sigue en aumento.
El gobierno anunció recientemente la adquisición de 10 drones de vigilancia para monitorear los poliductos. El objetivo es mejorar la reacción de las patrullas, reducir riesgos y abarcar zonas de difícil acceso. No obstante, persisten dudas sobre la eficacia de esta medida. Esto se debe al negocio que involucra a mafias, empresas y redes internacionales de crimen organizado.
Un problema que trasciende lo criminal
El huachicoleo se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad, corrupción y debilidad institucional que enfrenta Ecuador. La falta de sanciones judiciales, la complicidad de actores estatales y el poder de las bandas criminales impiden una solución efectiva.
Además, investigaciones periodísticas vinculan esta práctica con la exportación irregular de oro. Esto refleja cómo el robo de combustibles alimenta una red más amplia de delitos financieros y ambientales.
El robo de combustibles en Ecuador dejó de ser un delito aislado. Ahora es un fenómeno estructural que combina crimen organizado, corrupción estatal y debilidad institucional. A pesar de las pérdidas económicas y los esfuerzos oficiales, el huachicoleo continúa en ascenso. Esto amenaza la seguridad energética del país y socava la confianza en las instituciones. Resolverlo requerirá no solo tecnología y operativos, sino también un sistema judicial sólido y libre de corrupción. Este sistema debe ir acompañado de políticas firmes que garanticen la protección de los recursos estratégicos del Estado.
Fuente: Diario Red
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