Desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi en 2008, los mandatarios ecuatorianos han utilizado las urnas como un mecanismo de validación política y social. Entre consultas populares y referendos, la ciudadanía ha sido convocada a pronunciarse sobre 42 temas distintos en apenas 14 años, lo que representa un promedio de una consulta cada nueve meses desde 2023.
Esta práctica, impulsada inicialmente por Rafael Correa y replicada por Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha consolidado la figura de la consulta como un recurso de legitimación presidencial. Sin embargo, el costo económico de este proceso no ha pasado desapercibido.
Un gasto millonario en medio de crisis estructurales
De acuerdo con datos oficiales, el país ha desembolsado USD 153 millones en la organización de consultas populares y referendos desde 2011. Con la nueva convocatoria anunciada por el presidente Daniel Noboa para el próximo 30 de noviembre de 2025, el monto podría ascender a USD 213 millones.
La última consulta organizada por el actual mandatario en 2024 costó cerca de USD 60 millones, cifra que podría repetirse en la nueva convocatoria. Esto, a pesar de que el Ecuador enfrenta graves problemas fiscales, una deuda que supera los USD 11.000 millones y necesidades sociales críticas, como el déficit del 57% en vivienda.
Los temas de la nueva consulta de Noboa
La Corte Constitucional redujo de nueve a cuatro las preguntas que podrían llegar a la papeleta en noviembre. Entre ellas se incluyen:
- Implementar el trabajo por horas en el sector turístico, limitado a casos de primer empleo.
- Reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional.
- Abrir la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el territorio nacional.
- Eliminar el financiamiento público de las organizaciones políticas.
Aunque el presidente Noboa anunció la fecha de la consulta, aún falta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina un plan operativo y que el Ejecutivo ratifique formalmente las preguntas.
El peso de la política sobre el bolsillo ciudadano
Más allá del gasto, las consultas han generado debate sobre la conveniencia de convocarlas en momentos de crisis económica y social. Solo en 2024, los recursos invertidos en la consulta popular equivalían a:
- La construcción de 3.242 viviendas de interés social, frente a las 805 entregadas por el gobierno en ese año.
- La instalación de 28 centros de salud tipo B, como el que se planificó para Santa Elena.
- La construcción, repotenciación y equipamiento de 82 unidades educativas en diferentes provincias del país.
Estos ejemplos ilustran cómo los recursos destinados a procesos electorales podrían cubrir necesidades estructurales de la población.
Precedentes de austeridad y excepciones
Si bien la mayoría de consultas han representado altos costos para el Estado, existen dos excepciones: la consulta de febrero de 2017 y la de agosto de 2023, que costaron menos de USD 3 millones cada una. En estos casos, los procesos coincidieron con elecciones generales, lo que redujo significativamente los gastos operativos.
Sin embargo, este no ha sido el patrón general, ya que los mandatarios prefieren convocarlas en momentos estratégicos para fortalecer su agenda política. La Corte Constitucional, en al menos tres ocasiones, ha advertido sobre el uso de estos procesos como herramientas coyunturales más que como mecanismos democráticos de largo alcance.
Una tradición con cuestionamientos
El uso recurrente de consultas populares refleja una tradición política en Ecuador, pero también evidencia las tensiones entre la necesidad de participación ciudadana y la sostenibilidad económica del país. A medida que se acerca noviembre, la discusión se centra en si este mecanismo sigue siendo viable o si debería replantearse para garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a resolver problemas sociales urgentes
Fuente: Primicias.ec
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