El despido de 5.000 funcionarios públicos y la reducción del número de ministerios y secretarías son las acciones más visibles del Gobierno para disminuir el déficit fiscal. Sin embargo, los especialistas advierten que estas medidas, aunque mediáticas, no son suficientes para alcanzar las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El país debe transformar un déficit proyectado de $3.795 millones en 2025 en un superávit de $100 millones para 2028. Esto implica generar $5.358 millones adicionales en ingresos y recortar $1.219 millones en gastos. La magnitud del desafío es mayor de lo que se reconoce públicamente. No se resolverá únicamente con recortes de personal.
Déficit en aumento y proyecciones preocupantes
Entre enero y julio de 2025, el déficit ya alcanzó $2.249 millones, muy por encima de los $343 millones del mismo periodo de 2024. El Observatorio de la Política Fiscal estima que 2025 cerrará con un déficit superior a $5.000 millones. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas prevé alrededor de $3.000 millones.
El gasto público creció un 11,5 % y los ingresos cayeron 2,5 %. Este desbalance, según Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal, refleja que los ingresos tributarios ni siquiera cubren el gasto corriente, que subió un 10,3 %.
Reducción de sueldos: un objetivo con contradicciones
El acuerdo con el FMI exige recortar en $1.376 millones el gasto en sueldos del sector público hasta 2028. No obstante, las proyecciones muestran que el gasto en remuneraciones pasará de $13.207 millones en 2025 a $13.742 millones en tres años.
José Abel DeFina, doctor en Dirección de Empresas, advierte que el ahorro actual es marginal. Para cumplir el compromiso con el FMI se requeriría una reducción del 15 % en la plantilla de funcionarios. Esto implicaría recortes más profundos que afecten no solo a la administración central, sino también a gobiernos autónomos, empresas públicas y otras entidades.
Reforma tributaria: una pieza clave
El Observatorio de la Política Fiscal estima que Ecuador necesita $2.129 millones provenientes de reformas tributarias entre 2025 y 2028. Se recomienda concentrar los mayores esfuerzos en los dos primeros años. El FMI recomienda eliminar exoneraciones y deducciones ineficientes antes que subir impuestos de manera generalizada.
Carrera sugiere suprimir beneficios que impacten poco en lo social, como exoneraciones al sector financiero y grandes empresas. Además, se debe focalizar el subsidio al diésel, que cuesta alrededor de $1.300 millones anuales.
Crecimiento económico como alternativa
DeFina sostiene que, en lugar de subir impuestos, se debe impulsar un crecimiento económico sostenido del 5 % o 6 % anual. Esto permitiría aumentar la recaudación de forma natural. Sin embargo, Carrera advierte que la capacidad de recaudación es limitada. El incremento del IVA del 12 % al 15 % solo generó poco más de $1.000 millones, muy por debajo de lo que ahora se requiere.
La seguridad social en el centro del debate
El Estado cubre el 40 % de las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que significa un gasto anual de $1.685 millones. Además, hay deudas históricas que superan los $24.000 millones.
Algunos economistas han propuesto trasladar esta carga a los afiliados, elevando la contribución personal del 9,45 % al 20 % del salario. Sin embargo, Patricia Borja, experta en seguridad social, rechaza esta opción por inconstitucional y por su impacto negativo en el empleo. En su lugar, propone mejorar la gestión del IESS antes de evaluar reformas de financiamiento.
Un ajuste inevitable pero políticamente costoso
Los analistas coinciden en que para cerrar el “hueco” fiscal se requieren acciones que van más allá de despidos. Se necesita desde reformas tributarias profundas y eliminación de subsidios mal focalizados hasta mejora en la eficiencia del gasto y una reestructuración de la seguridad social. El reto será implementar estas medidas sin agravar la situación social y política del país.
Fuente: Expreso.ec
Te puede interesar:
Chavismo agradece a Gustavo Petro por apoyo a Nicolás Maduro ante acusación de EE.UU.
