Por primera vez desde el inicio de la militarización decretada por el presidente Daniel Noboa, en enero de 2024, familiares de personas desaparecidas han alzado la voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 22 de julio, se llevó a cabo una audiencia pública. En ella, madres, hermanas y tías de jóvenes desaparecidos compartieron sus testimonios frente a representantes de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, y el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos de Ecuador.
Con fotografías en sus manos, los familiares relataron el dolor de buscar a sus seres queridos en cuarteles, hospitales y morgues, sin obtener respuesta del Estado. Todos los desaparecidos tienen historias similares. Son jóvenes de menos de 30 años, de barrios periféricos de la costa ecuatoriana, que fueron vistos por última vez mientras militares patrullaban sus sectores.
Un Ecuador militarizado y violento
El Gobierno de Noboa ha gobernado bajo un estado de excepción casi permanente, con 14 decretos que han prorrogado esta condición. Además, dos más ratifican un “conflicto armado interno”. Este escenario ha permitido a las Fuerzas Armadas realizar patrullajes, detenciones sin orden judicial y operativos en barrios populares.
Pese a la presencia militar, Ecuador vive el período más violento de su historia, con 3.087 homicidios intencionales solo en el primer trimestre de 2025. Paralelamente, se han registrado 393 denuncias de extralimitación en actos de servicio. Son 27 de ellas con resultado de muerte. Además, se contabilizan 19 ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Este número es el doble de las registradas entre 2020 y 2023.
La Ley de Solidaridad: un blindaje para militares procesados
En junio de 2025, el Gobierno aprobó de forma exprés la Ley de Solidaridad. Esta permite que militares investigados por delitos graves durante operativos, en el contexto del conflicto armado interno, eviten la prisión preventiva. Según organizaciones de derechos humanos, esta normativa fomenta la impunidad. Ha sido utilizada por militares implicados en casos de desapariciones, como el de cuatro menores de edad desaparecidos en Guayaquil, cuyos cuerpos aparecieron con signos de tortura.
Este caso estremeció al país y visibilizó al menos otras 33 desapariciones forzadas documentadas por el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil. Esto incrementó la presión sobre el Estado ecuatoriano para transparentar la información y asumir responsabilidades.
Patrones de encubrimiento e impunidad
El abogado del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, Fernando Bastias, identificó durante la audiencia tres patrones en estos casos. Son negligencia institucional en la investigación de las denuncias, encubrimiento por parte del mando militar y del Ejecutivo, y revictimización de las familias que exigen justicia.
Familiares denuncian que las Fuerzas Armadas se niegan a entregar información clave. Esto incluye bitácoras de operativos y nombres de militares implicados, dejando sus casos en un limbo judicial mientras continúan las desapariciones.
Respuestas protocolares ante una crisis de derechos humanos
El representante de las Fuerzas Armadas en la audiencia aseguró que actúan bajo “compromiso con la ley y formación en derechos humanos”. Sin embargo, la comisionada Andrea Pochak de la CIDH respondió con firmeza que “las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas no pueden considerarse un daño menor”. Estos hechos reflejan el fracaso de las políticas de seguridad implementadas.
En el Ecuador actual, el miedo que antes estaba asociado a las bandas criminales ahora también se siente frente a militares patrullando los barrios. Estos son según los testimonios recogidos. “¿Los militares vinieron a protegernos o a que vivamos con miedo?”, cuestionó entre lágrimas la hermana de uno de los desaparecidos.
Un clamor por justicia y verdad
Los familiares de las víctimas sostienen con fuerza las fotografías de sus hijos, hermanos y sobrinos, aferrándose a la memoria mientras el Estado no responde. Ellos reclaman al Gobierno de Noboa y a las autoridades de justicia una respuesta clara: “¿Dónde están nuestros hijos?”, exigiendo la búsqueda de los desaparecidos. Además, demandan el cese de prácticas que violan los derechos humanos bajo el argumento del combate al crimen organizado.
Ecuador sigue bajo estado de excepción, con operativos militares diarios y con un saldo de víctimas que crece en medio de un silencio institucional. Esto, para los familiares, representa una segunda desaparición: la de la justicia y la verdad.
Fuente: El País
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