Desde el 16 de agosto de 2024, Ecuador ha visto una reducción en la cantidad de energía que recibe de Colombia, junto con un significativo aumento en los precios. Esta situación se originó tras la implementación de la resolución 40330 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, que limita la venta de electricidad a Ecuador, según el Ministerio de Energía de Ecuador. Esta medida ha generado preocupación en el país, que ya enfrenta una crisis energética por la sequía que afecta sus principales fuentes de generación hidroeléctrica.
Cambios en la oferta de energía y sus implicaciones
La nueva normativa colombiana especifica que las exportaciones de energía solo se realizarán a través de plantas térmicas despachadas centralmente, que utilizan gas natural. Aunque esta energía es más costosa que la producida por plantas hidroeléctricas, sigue siendo más económica que la energía generada por plantas que utilizan diésel, según el experto en el sector eléctrico, Gabriel Secaira. El uso de plantas térmicas se ha convertido en una estrategia para Colombia, que busca preservar sus recursos hídricos en medio de su propia crisis de estiaje. Esta decisión ha llevado a un incremento en el precio que Ecuador paga por la energía importada, que ha pasado de USD 0,10-0,16 por kilovatio hora (kWh) a USD 0,30 por kWh, casi cuatro veces el costo promedio de electricidad en Ecuador.
Impacto de la crisis en la seguridad energética de Ecuador
Además del incremento en costos, Ecuador enfrenta un desafío aún mayor: la disminución en la cantidad de energía que Colombia está dispuesta a vender. Ecuador necesita 1.080 megavatios adicionales para cubrir su demanda interna, y Colombia podría proveer 450 megavatios de esa energía. Sin embargo, en los días recientes, la cantidad de energía exportada desde Colombia ha disminuido, cayendo de 449 megavatios el 15 de agosto a 306 megavatios el 21 de agosto. Esta reducción pone en riesgo la capacidad de Ecuador para cubrir su déficit de generación, lo que podría agravar aún más la crisis energética en el país.
Riesgo de apagones y la necesidad de soluciones urgentes
Con esta reducción en la importación de energía, Ecuador se ve obligado a utilizar los embalses de Mazar y Amaluza, que abastecen a las hidroeléctricas que cubren el 38% de la demanda nacional. Esto genera preocupación por el consumo acelerado de agua en un contexto de sequía, lo que podría llevar al país a enfrentar cortes de luz programados si no se implementan soluciones de emergencia. Expertos del sector, como Ricardo Buitrón, señalan que la situación podría empeorar si la generación hidroeléctrica no se refuerza a tiempo.
El ministro de Energía, Antonio Gonçalves, ya ha reconocido la posibilidad de cortes programados, mientras que expertos como Ricardo Buitrón advierten sobre la urgencia de contratar nueva generación para evitar una crisis energética más profunda. A esto se suma la preocupación por la falta de transparencia en la información del nivel de agua en los embalses, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión del sector eléctrico en medio de esta crisis.
Medidas adoptadas por el Gobierno y expectativas futuras
El Gobierno ecuatoriano, bajo la administración del presidente Daniel Noboa, ha tomado medidas para mitigar la crisis, incluyendo la contratación de una barcaza turca por USD 114 millones, que podría aportar 100 megavatios de potencia. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de su rápida implementación y de la capacidad del país para gestionar sus recursos hídricos de manera eficiente. A medida que avanza la crisis, la ciudadanía y los sectores productivos temen el retorno de los apagones, como los ocurridos en 2023, cuando Ecuador ya enfrentó restricciones similares por parte de Colombia.
Este escenario refuerza la necesidad de diversificar la matriz energética del país y de buscar acuerdos más estables con países vecinos para garantizar un suministro constante de energía, especialmente en tiempos de crisis. Con la llegada de la temporada seca y la creciente demanda interna, Ecuador se encuentra en una encrucijada que requiere respuestas rápidas y efectivas para evitar un colapso energético que afecte la vida diaria de millones de ecuatorianos.
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