En el marco de la COP11 sobre control del tabaco, Ecuador desde el Ministerio de Salud ha presentado algunos de los avances que ha tenido el país en términos de los acuerdos adquiridos con la adhesión del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT). Dentro de los avances han resaltado que el país reforzó su marco legal y fortaleció sus capacidades institucionales en esta materia, presentándose como un país que ha impulsado medidas exitosas durante los últimos años.
Sin embargo, la realidad evidencia que estas políticas no han logrado los resultados esperados y hoy, en medio de una crisis sanitaria y con cambios constantes en el liderazgo de la cartera de Salud, la delegación ecuatoriana apoya nuevas medidas que podrían agravar problemas estructurales del país como el comercio ilícito de cigarrillos, que hoy ha desplazado a la industria legal y no cumple con la normatividad vigente – advertencias sanitarias, pagos de impuestos y restricción de venta a menores de edad-.
¿Qué nos dice la evidencia?
El comercio ilícito de cigarrillos y productos de nicotina en Ecuador ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Según el último estudio de Invamer, el comercio ilícito de cigarrillos alcanza el 84 % del mercado y en el caso de cigarrillos electrónicos casi que se llega al 100 % del mercado, con una expansión sin control. Estos productos de contrabando suelen ser más baratos que los legales, ya que no están sujetos a impuestos ni a ningún tipo de regulación gubernamental o control de producción, volviéndolos de más fácil acceso aún para la población más joven.
Según estimaciones del Servicio de Rentas Internas, esta actividad ilícita ha generado pérdidas fiscales por aproximadamente 1.000 millones de dólares de 2015 a 2024. Considerando estos factores se podría concluir que:
- Si la industria legal es solo del 16 % y es la única que reporta ingredientes y emisiones al ARCSA, el resto del mercado se está quedando sin cumplir con esta obligación.
- En esa misma lógica, las advertencias gráficas de salud, exigidas por ley, apenas se cumplen en un 16 % del mercado.
- La diferencia de precios entre productos legales e ilegales sigue incentivando el consumo de productos ilícitos, debilitando la efectividad de las políticas sanitarias.
En otras palabras, el contrabando de cigarrillos no es un problema aislado: es una de las cuatro principales fuentes de financiamiento de los Grupos Delictivos Organizados (GDOs), junto con la minería ilegal, el tráfico de armas y el narcotráfico. Ignorar esta realidad mientras se promueven medidas que incrementan la brecha de precios entre productos legales e ilegales y que promueven medidas radicales que únicamente serían cumplidas por los productos legales es una amenaza directa a la seguridad nacional y regional.
¿Qué debería discutirse en la COP11?
Más que imponer nuevas restricciones que fomenten el comercio ilícito, Ecuador necesita fortalecer la fiscalización, garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes y cerrar las brechas que hoy permiten que el mercado ilegal prospere.
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