El inicio de 2026 encuentra a Ecuador enfrentando uno de los desafíos más complejos en materia de seguridad de su historia reciente. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres cantones, como respuesta directa al incremento sostenido de la violencia criminal y la expansión territorial del crimen organizado, especialmente en zonas estratégicas del país.
Decreto 277: la nueva medida de excepción
La noche del 31 de diciembre de 2025, el Ejecutivo suscribió el Decreto Ejecutivo 277, declarando estado de excepción por grave conmoción interna. La medida tendrá una vigencia de 60 días y se fundamenta en informes técnicos de los organismos de seguridad que alertan sobre una intensificación de hechos violentos y delictivos al cierre del año anterior.
El objetivo central del decreto es neutralizar las dinámicas del crimen organizado, particularmente en corredores logísticos clave utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.
Provincias y cantones bajo la medida
La declaratoria abarca a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. A estas se suman los cantones de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
La inclusión de Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas responde a una reciente escalada de violencia y a la ocurrencia de hechos de alto impacto que, según el Gobierno, evidencian una expansión interconectada de la criminalidad a nivel nacional.
Manabí: más de 550 días bajo Estado de Excepción
Manabí se consolida como una de las provincias más golpeadas por la violencia. Con este nuevo decreto, supera los 550 días bajo regímenes de excepción aplicados de manera intermitente. Esta situación refleja la persistencia de estructuras criminales y la dificultad del Estado para recuperar el control total del territorio.
Suspensión de derechos y marco legal
Bajo el estado de excepción, se suspenden temporalmente los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esta disposición permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ejecutar allanamientos inmediatos y operaciones de inteligencia sin orden judicial previa, en casos de flagrancia o amenaza inminente.
El Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para anticiparse a acciones violentas y desarticular organizaciones delictivas antes de que consoliden su accionar.
La violencia reflejada en cifras alarmantes
Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, hasta noviembre de 2025, evidencian un escenario crítico. Guayas concentró cerca del 45 % de los homicidios registrados a nivel nacional. Asimismo, provincias como Los Ríos y Manabí superaron por primera vez las 1.000 muertes violentas anuales.
Estos datos confirman que, pese a los estados de excepción aplicados, la seguridad sigue siendo el principal reto del Estado ecuatoriano.
Conflicto armado interno y estrategia estatal
La respuesta gubernamental se enmarca en la declaratoria de “conflicto armado interno” vigente desde 2024, que cataloga a las bandas criminales como objetivos terroristas. Bajo este enfoque, las operaciones conjuntas entre Fuerzas Armadas y Policía se intensificarán, priorizando la captura de cabecillas y el control de zonas consideradas de alto riesgo.
El Ejecutivo defiende esta estrategia como una intervención directa e indispensable para frenar la expansión del crimen organizado y restablecer el orden público.
Un 2026 marcado por la seguridad
El nuevo estado de excepción evidencia que Ecuador inicia el 2026 con la seguridad como eje central de la agenda nacional. Mientras el Gobierno refuerza su estrategia, la ciudadanía enfrenta un escenario de restricciones, pero también de expectativas frente a una posible reducción de la violencia que ha marcado al país en los últimos años.
Fuente: El Diario
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