El cambio de rumbo en la política migratoria ecuatoriana hacia la población venezolana ha generado preocupación por sus impactos en la integración social y en la estabilidad económica del país. Ecuador, que hasta hace poco era referente en la regularización de personas en movilidad humana, hoy se enfrenta a un escenario de mayor incertidumbre para miles de migrantes.
De la regularización a la restricción
En 2024, Ecuador había avanzado con la Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE II), permitiendo que miles de venezolanos accedieran a empleo, educación y salud pese a tener documentos vencidos. El proceso contó con el respaldo de organismos internacionales que destacaron sus beneficios para migrantes y comunidades receptoras.
Sin embargo, en 2025, la Asamblea Nacional denunció el Estatuto Migratorio bilateral con Venezuela y se instauró la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, que obliga a los venezolanos a solicitar su visa desde el exterior. Este cambio marcó un giro drástico hacia la restricción y dejó sin alternativas claras de regularización a una población vulnerable.
Consecuencias de la irregularidad migratoria para Ecuador
La eliminación de la VIRTE II y de la amnistía migratoria dejó en riesgo a más de 260 mil venezolanos indocumentados. La mayoría enfrenta dificultades para acceder a empleo formal, vivienda adecuada y servicios básicos. Esta situación eleva la informalidad, genera exclusión social y puede intensificar tensiones en las comunidades locales.
La realidad es crítica: más del 40% de los migrantes tiene solo educación básica o secundaria, y aunque existe un alto potencial productivo, la irregularidad impide aprovecharlo. Además, el contexto de inseguridad en Ecuador agrava su vulnerabilidad, al exponerlos a explotación y criminalidad.
Impacto económico en Ecuador respecto a las decisiones migratorias
Diversos estudios demuestran que la migración venezolana representa un aporte fiscal positivo para Ecuador. En 2021, su contribución neta se estimó en más de 30 millones de dólares, equivalente al 0,03% del PIB. Los ingresos tributarios superaron los costos en servicios sociales, evidenciando que los migrantes fortalecen el consumo y la recaudación.
No obstante, la falta de mecanismos de integración limita este potencial y genera costos indirectos en salud, educación y asistencia social. Según organismos multilaterales, con políticas adecuadas, la migración podría aumentar el PIB de los países receptores en hasta 0,3 puntos porcentuales.
Migración como motor de desarrollo
La suspensión de la VIRTE II y de la amnistía revela una visión cortoplacista en la política migratoria. La migración venezolana no solo representa un desafío humanitario, sino también una oportunidad de crecimiento inclusivo. Si se impulsa la regularización, la capacitación laboral y el acceso a educación, Ecuador podría convertir este flujo en un activo para su economía y cohesión social.
El dilema no está entre apertura o cierre, sino en encontrar un equilibrio que combine seguridad, orden y derechos humanos. La capacidad de Ecuador para diseñar políticas sostenibles determinará si la migración se convierte en un factor de vulnerabilidad o en una herramienta estratégica para el desarrollo nacional.
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