- El Banco Central de Paraguay ejecutó la devolución parcial de ahorros a más de 1,7 millones de depositantes.
- La quiebra y colapso de Banco Ueno desató una severa crisis financiera con cientos de millones de dólares en riesgo.
- El escándalo de insolvencia provocó un terremoto político que culminó con la destitución del mandatario Santiago Peña.
- La justicia paraguaya allanó sedes bancarias y cajas de seguridad en el marco de investigaciones por lavado de dinero.
El sistema financiero de América del Sur enfrenta uno de sus episodios más convulsos tras el estallido de la crisis bancaria en Paraguay provocada por la quiebra fraudulenta del Banco Ueno. Ante el pánico ciudadano generado por la congelación masiva de cuentas de ahorro, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició este 11 de noviembre de 2026 la devolución parcial y escalonada de fondos a más de 1,7 millones de depositantes, en un esfuerzo desesperado por contener una corrida bancaria sistémica que amenaza la liquidez del mercado crediticio guaraní.
El impacto de la crisis bancaria en Paraguay sobre los depositantes
Banco Ueno, que había experimentado una rápida expansión en el mercado paraguayo como una entidad bancaria digital con más de dos millones de usuarios registrados, suspendió abruptamente sus operaciones tras registrar un agujero patrimonial insostenible. Las primeras estimaciones de los interventores bancarios indican que el volumen de fondos comprometidos e ilocalizables supera los USD 1.500 millones en depósitos de particulares y empresas, agravando de manera irreversible la crisis bancaria en Paraguay.
La insolvencia repentina del banco digital dejó a cientos de miles de trabajadores y pequeños comerciantes sin la posibilidad de pagar nóminas ni acceder a sus ahorros de subsistencia. La gravedad del desfalco desató protestas en las principales ciudades del país y derivó en la destitución fulminante del presidente Santiago Peña, luego de que el Congreso aprobara un juicio político al comprobarse presuntos nexos comerciales e irregularidades en el otorgamiento de contratos estatales y triangulaciones financieras con directivos de la entidad financiera caída.
La Fiscalía General de Paraguay desplegó allanamientos simultáneos a residencias de altos ejecutivos, donde peritos contables incautaron servidores, registros de fideicomisos opacos y cajas fuertes que almacenaban documentos societarios vinculados a operaciones de lavado de dinero.
Los peritajes revelaron que la directiva de la entidad canalizó préstamos sin garantías a empresas fantasma domiciliadas en el extranjero, burlando los índices de encaje legal establecidos por las autoridades de control financiero mediante balances manipulados.
Mecanismos de cobertura estatal y supervisión financiera regional
La preservación de los depósitos ciudadanos ante quiebras bancarias exige una inmediata activación de los fondos de garantía de depósitos, en línea con los programas gubernamentales de auxilio social y económico donde el Gobierno entrega bonos de contingencia a 1.864 familias en Machala para salvaguardar la estabilidad material de poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Desde el Banco Central del Paraguay se anunció la inyección de líneas de crédito de emergencia para que los bancos privados solventes absorban carteras de crédito sanas y garanticen la continuidad en el flujo de pagos interbancarios en medio de la crisis bancaria en Paraguay.
Asimismo, los informes técnicos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay precisaron que el fondo de garantía de depósitos solo cubre ahorros hasta un tope equivalente a 75 salarios mínimos, dejando desprotegidos a miles de medianos empresarios que mantenían excedentes de caja en la entidad intervenida.
Organismos internacionales de crédito y agencias calificadoras de riesgo advirtieron que la reputación financiera de la nación requerirá años de reestructuración institucional para recuperar la confianza de los inversores extranjeros.
La catástrofe de Banco Ueno abre un periodo de incertidumbre económica en Asunción, forzando a los organismos multilaterales a exigir auditorías independientes y reformas urgentes para supervisar el avance de las entidades fintech y evitar que esquemas de captación desregulados pulvericen los ahorros de la ciudadanía.
La Superintendencia de Bancos y los peritos contables han ampliado el rastreo de movimientos financieros hacia jurisdicciones extranjeras, recopilando registros de transferencias electrónicas y libros contables paralelos para reconstruir el flujo de capitales sustraídos de la entidad financiera. Las autoridades judiciales buscan esclarecer el destino final de las colocaciones patrimoniales y determinar las responsabilidades penales de quienes facilitaron la apertura de cuentas sin el debido respaldo normativo ni auditorías independientes.
