- El Decreto 515 reforma el reglamento eléctrico para atraer inversión privada inmediata.
- Las reglas técnicas y tarifarias de Arconel tardarán hasta ocho meses en emitirse.
- El embalse de Mazar cayó a 2.132,9 metros sobre el nivel del mar, a 20 metros de su cota óptima.
- La normativa otorga prioridad de cobro a privados mediante fideicomisos en distribuidoras.
El presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto 515 para impulsar la inversión privada en energía eléctrica en Ecuador y mitigar los racionamientos eléctricos en el país este 30 de septiembre de 2026.
No obstante, especialistas del sector advierten que la implementación práctica de estas reformas quedará en pausa temporal, debido a que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) dispone de un plazo reglamentario de hasta ocho meses para expedir la normativa técnica, operativa y comercial indispensable para la viabilidad de los nuevos proyectos energéticos.
Certeza financiera para la inversión privada en energía eléctrica
El decreto gubernamental incorpora mecanismos contractuales diseñados para reducir el riesgo financiero de los inversionistas interesados en instalar plantas solares, eólicas y térmicas. Entre ellos destaca la obligatoriedad de que las empresas distribuidoras de electricidad constituyan fideicomisos de recaudo con los fondos cobrados en las planillas ciudadanas, garantizando que los operadores privados tengan prioridad en la cadena de pagos del sector regulado.
Adicionalmente, se introduce la figura del acuerdo directo entre financistas y el Estado, permitiendo a los prestamistas sustituir a concesionarios que incurran en demoras de construcción sin que el Fisco asuma garantías soberanas ni deudas directas. Este blindaje regulatorio busca destravar proyectos privados en un contexto donde el caudal de Coca Codo Sinclair cae a 225 metros cúbicos y presiona al sistema hidroeléctrico interconectado.
Crítica situación en los embalses del Austro ecuatoriano
La urgencia de la reforma contrasta con los reportes operacionales del complejo Paute. Con corte a la mañana de este 30 de septiembre, la cota del embalse de Mazar se ubicó en 2.132,9 metros sobre el nivel del mar, situándose a 20,1 metros por debajo de su nivel óptimo de 2.153 metros. Hace exactamente un año, la represa registraba 2.152,95 metros sobre el nivel del mar, evidenciando la crudeza del estiaje actual.
De acuerdo con informes de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), el déficit de potencia ronda los 1.391 megavatios a escala nacional, obligando al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a mantener cronogramas de desconexión escalonados para la industria de alto y mediano voltaje con el fin de preservar las reservas hídricas del río Paute.
Exigencias de autogeneración para grandes industrias
El Decreto 515 también endurece las obligaciones para los grandes consumidores de energía que demandan más de 1 megavatio de potencia. Las industrias que no reduzcan su demanda en horarios pico deberán instalar sistemas de generación propia o firmar contratos bilaterales de abastecimiento con generadores privados, asumiendo los costos operativos de su consumo sin recargar el sistema público.
Los gremios de la manufactura y cámaras de la producción han manifestado su inquietud ante el plazo reglamentario concedido a Arconel, señalando que la industria necesita soluciones inmediatas de importación de motores y provisión de diésel antes de que la sequía alcance su periodo más crítico entre noviembre y diciembre de 2026.
Organizaciones empresariales y cámaras de la pequeña industria reiteraron que las pérdidas acumuladas por la paralización de turnos fabriles ascienden a millones de dólares por semana. Por esta razón, demandaron que el Ejecutivo agilice la entrega de licencias ambientales y autorizaciones aduaneras para la importación preferencial de grupos electrógenos de soporte.
Supervisión parlamentaria y transición hacia energías renovables
En el plano legislativo, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional convocó a las autoridades ministeriales del ramo para fiscalizar la ejecución de los planes de mantenimiento del parque termoeléctrico estatal y verificar el cumplimiento de los contratos de alquiler de barcazas flotantes en Guayaquil. Los legisladores exigieron que los plazos de Arconel se acorten mediante resoluciones de emergencia institucional.
Analistas del sector coinciden en que la transformación de la matriz eléctrica hacia esquemas privados exigirá tarifas transparentes que reflejen los costos reales de generación y distribución, evitando que subsidios distorsionen la rentabilidad de las inversiones requeridas para superar los apagones estructurales en Ecuador.
