- Empresas privadas del país han comprometido $900 millones en generación eléctrica propia desde 2024.
- El sistema eléctrico público arrastra un déficit financiero anual cercano a los $600 millones en tarifas.
- Las pérdidas negras y la cartera vencida de las distribuidoras limitan las inversiones estatales en transmisión.
- Gremios industriales demandan normativas ágiles para inyectar excedentes privados a la red nacional.
Frente a la vulnerabilidad del parque termoeléctrico estatal y los recurrentes periodos de estiaje que han obligado a racionamientos energéticos en Ecuador, las empresas privadas han comprometido una inversión histórica de $900 millones en sistemas de generación propia, paneles solares y generadores térmicos de respaldo desde el año 2024. Sin embargo, mientras el sector productivo asume este multimillonario esfuerzo financiero privado, el sistema eléctrico público arrastra un déficit estructural similar de aproximadamente $600 millones cada año, marcado por rezagos tarifarios y pérdidas no técnicas de energía.
La cifra fue analizada por directivos de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y analistas del sector energético, quienes señalaron que el país enfrenta una profunda paradoja: la industria invierte cientos de millones para evitar la paralización de sus plantas industriales y proteger plazas de trabajo, mientras las arcas públicas del sector eléctrico carecen de recursos suficientes para ejecutar el mantenimiento preventivo y la expansión de las redes de transmisión nacional.
Déficit tarifario y pérdidas comerciales en distribuidoras
El primer componente del desbalance financiero público radica en el déficit tarifario. Según los pliegos de costos aprobados por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), producir, transmitir y distribuir un kilovatio hora en Ecuador tiene un costo real superior al valor que se recauda efectivamente en las planillas de los abonados residenciales e industriales, generando una brecha aproximada de $600 millones anuales que el Estado debe subsidiar o postergar.
El segundo problema estructural son las denominadas pérdidas negras o no técnicas de electricidad, correspondientes a conexiones clandestinas, robo de energía en sectores suburbanos y medidores adulterados que no facturan el consumo real. De acuerdo con informes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, estas pérdidas superan el 12% en varias empresas distribuidoras provinciales, restando liquidez inmediata para modernizar transformadores y subestaciones eléctricas.
La urgencia de mantener abastecido al sector productivo con combustibles de respaldo ha generado además respuestas operativas del Estado en la cadena de hidrocarburos, como ocurrió cuando la Terminal Pascuales habilitó el despacho dominical de diésel para abastecer la creciente demanda de estaciones de servicio e industrias con autogeneración.
Propuestas gremiales para la integración de excedentes energéticos
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, María Paz Gómez de la Torre, enfatizó que los $900 millones comprometidos por el empresariado privado no deben ser vistos únicamente como un gasto de contingencia, sino como un capital activo que podría integrarse de manera coordinada al Sistema Nacional Interconectado (SNI) si se eliminan trabas burocráticas y se fijan marcos contractuales claros y transparentes.
Voceros del Operador Nacional de Electricidad (CENACE) señalaron que la incorporación de generación distribuida privada alivia la carga en horas pico de consumo, pero advirtieron que se requieren inversiones prioritarias en alimentadores y equipos de sincronización técnica para recibir energía solar e hidroeléctrica privada sin desestabilizar la frecuencia de la red nacional.
El sector empresarial reiteró su llamado al Gobierno nacional y a la Asamblea Nacional para reformar el marco normativo energético con el fin de incentivar la inversión privada a gran escala en proyectos de energías renovables no convencionales, garantizando seguridad jurídica, estabilidad tarifaria y previsibilidad operativa para consolidar el desarrollo industrial de Ecuador a largo plazo.
Retos de financiamiento y sostenibilidad del parque eléctrico nacional
El informe gremial de la Cámara de Industrias y Producción pone en relieve la necesidad urgente de diseñar mecanismos financieros mixtos que permitan canalizar recursos del sector privado hacia obras de modernización hidroeléctrica y fotovoltaica a gran escala. La infraestructura de transmisión operada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) requiere ampliaciones de capacidad en subestaciones troncales para poder evacuar sin cuellos de botella la energía generada en proyectos renovables del austro y la amazonía hacia los centros de consumo de la costa y la sierra norte.
Expertos en economía energética coinciden en que el déficit financiero anual de $600 millones del sector eléctrico estatal no solo limita las nuevas inversiones públicas, sino que deteriora la capacidad de pago a proveedores de repuestos y contratistas de mantenimiento preventivo de turbinas termoeléctricas. Este círculo vicioso debilita la disponibilidad operativa del parque térmico estatal justo en los meses de sequía hidrológica más pronunciada, forzando a la industria a recurrir a la costosa autogeneración con diésel y búnker.
Asimismo, los industriales plantearon la conformación de una mesa técnica permanente entre el Ejecutivo, los reguladores de energía y los principales gremios empresariales para simplificar la tramitología de licencias ambientales y permisos de conexión a la red de media tensión. De concretarse estas reformas, las empresas con excedentes energéticos de autogeneración solar o biomasa podrían vender su energía limpia a las distribuidoras locales bajo esquemas de compensación en factura transparentes y ágiles.
La consolidación de un sistema eléctrico robusto, diversificado y financieramente autosustentable constituye una condición indispensable para atraer inversión extranjera directa, elevar la competitividad de las exportaciones no petroleras y asegurar el crecimiento económico sostenible de Ecuador en las próximas décadas.
Los analistas económicos enfatizan que el autoabastecimiento energético privado no reemplaza la obligación del Estado de garantizar la seguridad energética nacional, sino que constituye un salvavidas temporal mientras se ejecutan las licitaciones públicas internacionales para nuevos proyectos hidroeléctricos y geotérmicos de gran escala.
Retos de financiamiento y sostenibilidad del parque eléctrico nacional
El informe gremial de la Cámara de Industrias y Producción pone en relieve la necesidad urgente de diseñar mecanismos financieros mixtos que permitan canalizar recursos del sector privado hacia obras de modernización hidroeléctrica y fotovoltaica a gran escala. La infraestructura de transmisión operada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) requiere ampliaciones de capacidad en subestaciones troncales para poder evacuar sin cuellos de botella la energía generada en proyectos renovables del austro y la amazonía hacia los centros de consumo de la costa y la sierra norte.
Expertos en economía energética coinciden en que el déficit financiero anual de $600 millones del sector eléctrico estatal no solo limita las nuevas inversiones públicas, sino que deteriora la capacidad de pago a proveedores de repuestos y contratistas de mantenimiento preventivo de turbinas termoeléctricas. Este círculo vicioso debilita la disponibilidad operativa del parque térmico estatal justo en los meses de sequía hidrológica más pronunciada, forzando a la industria a recurrir a la costosa autogeneración con diésel y búnker.
Asimismo, los industriales plantearon la conformación de una mesa técnica permanente entre el Ejecutivo, los reguladores de energía y los principales gremios empresariales para simplificar la tramitología de licencias ambientales y permisos de conexión a la red de media tensión. De concretarse estas reformas, las empresas con excedentes energéticos de autogeneración solar o biomasa podrían vender su energía limpia a las distribuidoras locales bajo esquemas de compensación en factura transparentes y ágiles.
La consolidación de un sistema eléctrico robusto, diversificado y financieramente autosustentable constituye una condición indispensable para atraer inversión extranjera directa, elevar la competitividad de las exportaciones no petroleras y asegurar el crecimiento económico sostenible de Ecuador en las próximas décadas.
