- El Decreto Ejecutivo 515 reforma el reglamento eléctrico para priorizar pagos a generadores privados.
- Las distribuidoras públicas deberán constituir fideicomisos obligatorios con los cobros a usuarios finales.
- La medida abarca generación, transmisión, almacenamiento, servicios complementarios y alumbrado público.
- El BID otorgó una garantía soberana por 77 millones de dólares como respaldo financiero.
El Gobierno de Ecuador formalizó una reforma regulatoria clave orientada a disipar las dudas financieras de los inversionistas privados en el sector eléctrico, estableciendo un orden de prelación estricto para el pago de la energía generada. La medida busca destrabar contratos estancados ante las deudas acumuladas de las empresas distribuidoras estatales y blindar el flujo de recursos para nuevos proyectos de infraestructura energética en el país, en un contexto marcado por severos periodos de estiaje que han obligado a racionamientos programados en diferentes provincias.
Regulación de pagos para proyectos en el sector eléctrico
Mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo 515, el Ejecutivo modificó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. La normativa establece que los participantes privados que ejecuten obras de generación, transmisión, distribución, almacenamiento de energía y alumbrado público tendrán el primer orden de prelación en el cobro de sus acreencias, canalizadas a través de fideicomisos mercantiles obligatorios administrados con independencia técnica.
Esta disposición responde al histórico déficit de liquidez que arrastra la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y otras entidades distribuidoras regionales, cuyas obligaciones pendientes con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) han limitado la capacidad del Estado para financiar mantenimientos mayores y adquirir nuevas unidades de respaldo térmico o renovable. El nuevo marco técnico busca otorgar predictibilidad de cobro a consorcios internacionales que operan centrales eólicas y fotovoltaicas adjudicadas desde 2022, como los emblemáticos proyectos El Aromo en Manabí y Villonaco III en Loja.
La reforma normativa también se alinea con la política de contratación de plantas privadas en el mercado eléctrico ecuatoriano, facilitando esquemas de inversión mixta para reducir la dependencia de las centrales hidroeléctricas durante los periodos de sequía prolongada en la cuenca oriental.
Condiciones preferenciales y esquemas de garantías internacionales
El decreto gubernamental amplió los beneficios de cobro preferente a las empresas públicas que conformen alianzas estratégicas o consorcios con participación de capital privado. Asimismo, se eliminó la potestad que mantenía la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) para fijar techos o costos máximos de generación en dichas asociaciones estratégicas, flexibilizando la negociación de tarifas contractuales entre las partes según la tecnología utilizada.
Para reforzar la viabilidad del esquema frente al escepticismo de analistas del mercado, el Estado cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que aprobó una garantía soberana de 77 millones de dólares destinada a cubrir contingencias operativas en 12 proyectos energéticos de carácter prioritario. El organismo multilateral estructuró este instrumento como una cobertura de riesgo de última instancia que se activará en caso de que los flujos fiduciarios de las distribuidoras resulten insuficientes para honrar las facturas mensuales de suministro.
Analistas del sector advierten que la efectividad del fideicomiso dependerá de la disciplina en la recaudación comercial y la transparencia en la administración de las cuentas bancarias asignadas. Durante años, el cobro de la tarifa eléctrica ha presentado brechas entre los valores facturados y los recursos efectivamente recaudados por las empresas públicas descentralizadas, lo que generó un cuello de botella financiero que terminó desmotivando la entrada de capitales frescos.
Impacto en la matriz energética y transición hacia energías limpias
El fortalecimiento del marco de prelación busca acelerar la incorporación de fuentes no convencionales como la energía solar, biomasa y geotermia, tecnologías que requieren inversiones iniciales intensivas de capital privado pero reducen los costos operativos a mediano plazo. Las autoridades del Ministerio de Energía sostienen que la diversificación del parque generador resulta indispensable para que el país no quede a merced del caudal variable de ríos como el Paute o el Coca.
Representantes del sector industrial y cámaras de la producción señalaron que contar con seguridad jurídica en los pagos es el paso previo e indispensable para que las bancas de desarrollo internacionales desembolsen créditos corporativos a tasas competitivas. Con esta reforma, el Ejecutivo espera reactivar mesas de negociación con inversionistas europeos, asiáticos y norteamericanos que mantenían en pausa sus ofertas técnicas a la espera de certezas regulatorias sobre la recuperación de sus flujos monetarios.
Supervisión regulatoria y plazos para la constitución fiduciaria
La normativa confiere a la Arconel un plazo perentorio para emitir las regulaciones operativas secundarias que definirán el porcentaje exacto de recaudación que las empresas eléctricas deberán transferir de forma automática a los patrimonios autónomos fiduciarios. De igual forma, el Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá la supervisión sobre las cuentas recaudadoras para asegurar que ningún valor comprometido para los operadores privados sea desviado hacia partidas de gasto corriente o remuneraciones del sector público.
Especialistas en derecho administrativo recalcan que el éxito del modelo dependerá de la celeridad con la que se formalicen los contratos fiduciarios en notarías y entidades financieras autorizadas. La meta estatal apunta a que, antes de finalizar el primer trimestre de 2027, el mecanismo esté plenamente operativo, brindando un entorno previsible que permita inyectar más de 1.000 megavatios adicionales de potencia al Sistema Nacional Interconectado en los próximos tres años, consolidando un esquema mixto con veeduría y auditoría permanente de organismos multilaterales. Adicionalmente, el comité técnico del sector energético publicará informes trimestrales de cumplimiento fiduciario para garantizar la total transparencia en las transferencias hacia las operadoras privadas adjudicadas.
