- Ecuador descendió 11 posiciones y se ubicó en el puesto 87 entre 151 países evaluados a escala global.
- El índice mide la capacidad de los liderazgos para crear valor productivo en lugar de extraer rentas económicas.
- La concentración de poder político contrasta con el bajo crecimiento del ingreso disponible para las familias.
- Expertos advierten que las barreras regulatorias y la discrecionalidad estatal frenan la inversión privada.
El desempeño institucional de Ecuador registró un retroceso significativo en el indicador de calidad de élites correspondiente al año 2026, ubicando a la nación en el puesto 87 entre 151 economías analizadas internacionalmente. La medición, desarrollada por la Fundación para la Creación de Valor junto con la Universidad de San Galo, reveló que los grupos con mayor influencia política y económica en el territorio ecuatoriano tienden prioritariamente a capturar rentas fiscales en lugar de generar nuevas fuentes sostenibles de riqueza comunitaria.
Un modelo que premia la captura de rentas frente a la productividad
El informe de evaluación divide el comportamiento de los sectores dirigentes entre dos dinámicas fundamentales: la creación neta de valor y la extracción de recursos mediante privilegios normativos. En el caso ecuatoriano, el puntaje general retrocedió hasta los 48,2 puntos sobre 100, evidenciando un deterioro progresivo en variables clave como la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria para los emprendedores y la transparencia en las contrataciones estatales. La caída de 11 escalones respecto al ciclo anual previo refleja cómo la incertidumbre fiscal y la fragmentación partidista erosionan la confianza en el aparato productivo.
Analistas de la Escuela de Negocios de San Galo subrayaron que las élites de alta calidad impulsan la modernización tecnológica, fomentan la libre competencia y reinvierten sus utilidades en sectores de alto valor agregado. Por el contrario, cuando un sistema premia la cercanía al poder gubernamental, los capitales se refugian en mercados cerrados, monopolios protegidos o subsidios distorsivos, lo que perpetúa brechas salariales profundas. Este panorama se enlaza de manera directa con las tensiones macroeconómicas locales, donde la generación termoeléctrica y el gasto por el estiaje en Ecuador demandan recursos emergentes que tensionan las finanzas públicas.
Consecuencias para el empleo formal y las inversiones externas
El impacto directo de este rezago institucional se manifiesta en el mercado de trabajo nacional. Según estimaciones concordantes del Banco Mundial, los países situados en el tercio inferior del índice de élites experimentan tasas de informalidad laboral superiores al 55%, debido a que el costo de cumplir la normativa formal resulta desproporcionado para las pequeñas y medianas empresas. Mientras las grandes corporaciones con acceso preferencial logran amortiguar los choques tributarios, el grueso de los trabajadores depende del subempleo o del comercio autónomo sin cobertura de seguridad social.
La persistencia de barreras de entrada en telecomunicaciones, logística portuaria y distribución energética limita el ingreso de inversiones extranjeras directas, las cuales apenas representaron un 0,8% del PIB durante el primer semestre de 2026. Los investigadores del informe destacan que revertir esta tendencia demanda reformas estructurales orientadas a desregular trámites burocráticos innecesarios, garantizar la independencia de los organismos de control y establecer reglas tributarias estables que perduren más allá de los ciclos presidenciales.
Desafíos urgentes para transformar el liderazgo económico
Organizaciones empresariales independientes han comenzado a plantear una hoja de ruta que priorice la apertura comercial, la digitalización de servicios públicos y la meritocracia en la función judicial. Sin estos pilares, advierten los especialistas, el capital seguirá fugándose hacia destinos con mayor predictibilidad jurídica, profundizando el estancamiento del PIB per cápita. La calidad de los cuadros directivos, tanto en el sector público como en el privado, constituye el factor determinante para romper el ciclo vicioso de baja productividad y desigualdad en Ecuador.
Análisis comparativo en el contexto sudamericano
Al contrastar el desempeño de Ecuador con otros países de la Comunidad Andina y el Cono Sur, el informe de la Universidad de San Galo resalta diferencias notables en la dinámica de absorción de capital productivo. Mientras economías vecinas como Perú y Colombia mantienen puntuaciones que superan los 53 puntos promedio en la categoría de dinamismo de mercado, el ecosistema ecuatoriano sufre un estancamiento prolongado en la atracción de proyectos industriales de largo plazo, concentrándose la inversión casi exclusivamente en actividades extractivas de hidrocarburos y minería.
Economistas de centros de pensamiento locales argumentan que la falta de consensos políticos estructurales entre el Ejecutivo y el Legislativo perpetúa un clima de incertidumbre que desalienta la formalización de nuevos emprendimientos. La proliferación de normativas tributarias transitorias, decretadas con fines recaudatorios inmediatos para cubrir el déficit fiscal primario, genera distorsiones en las estructuras de costos empresariales, castigando la innovación y forzando a los medianos comerciantes a refugiarse en la informalidad para subsistir frente a las cargas regulatorias.
Ruta hacia una modernización institucional sostenible
La superación de estas debilidades requiere transformaciones normativas que sustituyan la discrecionalidad estatal por mecanismos de libre concurrencia y simplificación de trámites. Diversos gremios de exportadores y pequeñas industrias han propuesto una agenda urgente que contemple la desgravación progresiva de bienes de capital, la modernización de los regímenes contractuales laborales y la digitalización integral de las aduanas para eliminar sobrecostos logísticos que restan competitividad a la oferta exportable nacional en los mercados globales.
La calidad de las élites, concluye el reporte, no se mide por la acumulación patrimonial de grupos selectos, sino por su disposición activa para construir un entorno de competencia abierta que beneficie al conjunto de la ciudadanía mediante empleos dignos y estabilidad económica permanente.
