- Andes Capital negoció sin autorización USD 12,39 millones en Bonos del Estado propiedad de Conorte.
- El Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito sancionó a la casa de valores con USD 120.982.
- Steve Wilson Quintana Lagos, expresidente de Andes Capital, es señalado como responsable directo de la operación.
- El Banco Central aclaró que no origina ni autoriza movimientos de subcuentas por iniciativa propia.
El Banco Central del Ecuador (BCE) y la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) confirmaron el 17 de septiembre de 2026 una sanción contra la casa de valores Andes Capital por la negociación no autorizada de USD 12,39 millones en Bonos del Estado propiedad de la Concesionaria Norte (Conorte), en una operación ejecutada en marzo de 2026 en el mercado de valores ecuatoriano.
Un traslado de subcuenta sin autorización del dueño de los títulos
Según reconstruyó la BVQ, Andes Capital solicitó al Depósito Centralizado de Valores (DCV) del Banco Central el traslado de los bonos desde la subcuenta que Conorte mantenía en la casa de valores Santa Fe hacia una subcuenta propia, sin que la concesionaria autorizara ese movimiento. Una vez trasladados los títulos, la casa de valores los negoció en el mercado bursátil.
El gerente de la BVQ, César Robalino, explicó que la propia Conorte alertó a la institución del problema: «Conorte nos dijo que hubo un traslado de la subcuenta de la casa de valores» y que «ellos nunca pidieron ni autorizaron eso». Robalino precisó que fue «la casa de valores sancionada» la que «solicitó el cambio de subcuenta de una casa de valores a otra», sin que mediara instrucción del titular de los bonos.
Quién es el responsable, según el propio regulado
El operador de valores y entonces presidente de Andes Capital, Steve Wilson Quintana Lagos, aparece como el responsable directo de la maniobra. La propia casa de valores, representada legalmente por María Luisa Mendoza Rojas, reconoció ante el Comité Disciplinario de la BVQ que Quintana Lagos «fue quien realizó las operaciones cuestionadas y es el responsable directo», y admitió «su participación exclusiva en la negociación» de los títulos.
Andes Capital sostuvo además que la propia empresa y sus clientes fueron «víctimas también de los actos de Steve Wilson Quintana Lagos» y que «no obtuvieron beneficio económico» de la operación irregular, un argumento que buscó deslindar a la firma de responsabilidad directa pese a operar bajo su licencia y su personal autorizado.
La versión del Banco Central: la responsabilidad es de la casa de valores
El Banco Central del Ecuador, que administra el DCV como custodio técnico de los valores desmaterializados del país, precisó que «la información que las casas de valores proporcionan al DCV para la apertura de subcuentas es de su exclusiva responsabilidad» y que «es esta entidad la que gestiona la apertura de la nueva subcuenta y remite al DCV-BCE las instrucciones para transferir los valores».
El ente emisor fue enfático en marcar los límites de su función: «el DCV no origina ni dispone, por iniciativa propia, las operaciones de los participantes del mercado», y agregó que ese rol «tampoco sustituye las obligaciones de conocimiento del cliente, autorización, debida diligencia y control interno» que corresponden a cada casa de valores. El BCE remarcó que sus operaciones «cuentan con mecanismos de registro y trazabilidad, basado en las mejores prácticas internacionales», en un intento de despejar dudas sobre su propia responsabilidad en el episodio.
Las medidas correctivas de Andes Capital
Tras la circular del Comité Disciplinario de la BVQ, emitida el 4 de septiembre de 2026, Andes Capital adoptó una serie de medidas para reparar el daño y distanciarse de su exoperador. La casa de valores «entregó a Conorte íntegramente el capital y los intereses producto de la negociación», eliminó la firma autorizada de Quintana Lagos ante el Banco Central, lo removió de la presidencia de la firma, lo canceló como operador de valores registrado e inició acciones legales en su contra.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mantiene abierto un proceso administrativo paralelo sobre el caso, que se suma a la sanción económica de USD 120.982 ya impuesta por el Comité Disciplinario de la BVQ contra Andes Capital.
Qué está en juego para el mercado de valores ecuatoriano
El episodio expone una de las mayores vulnerabilidades del mercado bursátil local: la posibilidad de que un solo operador mueva activos de terceros entre casas de valores sin verificación cruzada del titular. Para inversionistas institucionales como Conorte, que depositan bonos y otros instrumentos de deuda bajo custodia de terceros, el caso reabre la discusión sobre qué controles adicionales debería exigir la Bolsa de Valores de Quito antes de autorizar un cambio de subcuenta, y qué nivel de supervisión in situ debería aplicar la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sobre las casas de valores que operan con recursos de terceros.
Mientras el proceso administrativo continúa, el caso ya sirve como antecedente regulatorio: cualquier movimiento de subcuenta entre casas de valores deberá, en adelante, acompañarse de una verificación más estricta con el titular original de los papeles, según coincidieron fuentes cercanas al sector bursátil consultadas por Primicias. En paralelo, otras instituciones financieras del país han reforzado sus propios controles de riesgo: el Banco Central elevó recientemente su previsión de crecimiento para 2026 a 2,7%, un dato que refleja la relativa estabilidad macroeconómica en la que se produjo, paradójicamente, esta falla de control interno en el mercado de valores.
El caso también llega en un momento en que más ecuatorianos consultan su historial crediticio para revisar su puntaje financiero, y en el que otros escándalos de manejo de fondos públicos, como el caso Progen por USD 110 millones pagados bajo sospecha, mantienen bajo escrutinio la solidez de los controles financieros en Ecuador. Especialistas en inclusión financiera reunidos recientemente en Manta, durante un foro internacional sobre el tema, coincidieron en que la confianza del inversionista depende, sobre todo, de que los reguladores actúen con rapidez cuando aparecen fallas como la detectada en Andes Capital.
