Dos militares de las Fuerzas Armadas fueron sentenciados a 29 años y cuatro meses de prisión tras ser declarados culpables del delito de violación en la provincia de Orellana. Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal ordenó medidas de reparación integral a favor de la víctima y dispuso sanciones económicas para ambos condenados.
Dos militares recibieron la pena máxima agravada
La Fiscalía General del Estado informó que Alcides M. y José K., integrantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), fueron declarados autores directos del delito de violación cometido en San Francisco de Orellana.
El Tribunal de Garantías Penales que conoció el caso les impuso la pena máxima agravada de 29 años y cuatro meses de privación de libertad, tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio.
Asimismo, los jueces ordenaron varias medidas de reparación integral para la víctima. Cada sentenciado deberá pagar USD 2.000 como indemnización y cumplir con otras obligaciones establecidas en la sentencia.
Medidas de reparación y sanciones económicas
Además de la condena, el Tribunal dispuso que la víctima reciba tratamiento psicológico dentro de la red pública de salud.
Los magistrados también ordenaron que cada uno de los condenados pague una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados a favor de la administración de justicia.
De igual forma, la sentencia establece la prohibición de enajenar bienes y la suspensión de los derechos de ciudadanía de ambos procesados.
¿Qué ocurrió en el caso de los dos militares?
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la tarde del 12 de enero de 2024 en San Francisco de Orellana.
La víctima permanecía en un local comercial junto a varias amigas cuando los implicados identificaron que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Posteriormente, al no poder resistirse, la trasladaron en un vehículo y cometieron el delito.
La investigación estuvo a cargo de una fiscal especializada en violencia de género.
Las pruebas presentadas durante el juicio
La Fiscalía señaló que la víctima recibió auxilio de manera inmediata después de los hechos.
Durante la investigación, el testimonio anticipado de la afectada permitió identificar a los agresores. Ese relato fue respaldado por informes periciales médico-legales, evaluaciones psicológicas y de trabajo social.
Además, el expediente incluyó los testimonios de agentes policiales y otras pruebas practicadas durante la audiencia de juicio.
Con base en esos elementos, el Tribunal concluyó que dos militares actuaron con dolo y aprovecharon que la víctima se encontraba privada de la capacidad para resistirse.
El fallo contempla la captura si no cumplen la sentencia
La resolución judicial también establece que, una vez ejecutoriada la sentencia, si los condenados no se presentan voluntariamente para cumplir la pena, las autoridades ordenarán su localización y captura.
De esa manera, ambos serán trasladados al correspondiente centro de privación de libertad para cumplir la condena impuesta por el Tribunal de Garantías Penales.
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