La violencia en Ecuador ya no es un problema exclusivo de las calles o sectores marginales. Hoy, ha penetrado en uno de los espacios más sensibles de la sociedad: las aulas escolares. En este contexto, los docentes enfrentan la violencia mientras denuncian ser víctimas de amenazas, extorsiones y, en algunos casos, ataques armados, especialmente en zonas como Guayaquil, Durán y Samborondón. Las mafias han identificado a los docentes como objetivos vulnerables y estratégicos para sus prácticas criminales.
Traslados, renuncias y modalidad virtual por seguridad
El Ministerio de Educación ha confirmado que, hasta el 12 de junio de 2025, al menos 28 docentes reportaron amedrentamientos. De ellos, 25 ya fueron trasladados a otras unidades educativas. En la Zona 8, compuesta por Guayaquil, Durán y Samborondón, operan alrededor de 18.000 docentes, de los cuales el 77% son mujeres. La violencia también ha obligado a que, temporalmente, cuatro instituciones educativas de esa zona pasen a la modalidad virtual.
Los incidentes no son menores. Uno de los más graves ocurrió el 2 de junio, cuando sujetos armados ingresaron a una escuela en Timbre y dispararon contra una docente, que tuvo que ser hospitalizada. Aunque los sospechosos fueron detenidos, el hecho dejó en evidencia el nivel de vulnerabilidad de los espacios educativos.
La expansión de las “vacunas” en el sector educativo
La extorsión, conocida popularmente como “vacuna”, ya no se limita a comerciantes y empresarios. Las bandas delictivas han comenzado a apuntar a los docentes, quienes, además de su labor pedagógica, son figuras públicas en muchas comunidades. El experto en seguridad Fernando León subraya que en algunos planteles se exige dinero bajo amenazas contra la integridad de los docentes y sus familias.
Además, León enfatiza que ciertas escuelas y sus alrededores se han transformado en zonas de conflicto armado y escenarios de homicidios. Esta nueva realidad genera un ambiente de miedo que perjudica directamente el proceso educativo.
Impacto en la salud mental y en la calidad educativa
Según el especialista en gestión de riesgos Wilson Goyes, Ecuador enfrenta una ola delictiva sin precedentes, con delitos como el narcotráfico, secuestros y extorsiones creciendo de forma alarmante. En 2022 se registraron 6.651 casos de extorsión, cifra que se disparó a más de 20.000 en 2024. En este contexto, los docentes han comenzado a figurar como blanco de las bandas.
Goyes explica que este entorno de inseguridad afecta seriamente la concentración, la motivación y el desempeño de los maestros, quienes deben alterar sus rutinas diarias y vivir con el estrés constante de ser atacados o perseguidos.
Gremios exigen declarar emergencia educativa
La situación es tan crítica que el 11 de junio de 2025, la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Guayas solicitó al presidente Daniel Noboa declarar el sistema educativo en emergencia. El gremio aseguró que cerca de 200 maestros han reportado ser extorsionados, e incluso se mencionaron casos de secuestros.
Pese a ello, el Ministerio de Educación rechazó esas cifras, calificándolas como exageradas e incluso perjudiciales para la imagen institucional. Sin embargo, la misma cartera reconoce que Ecuador atraviesa una etapa de extrema complejidad en temas de seguridad.
Medidas oficiales en curso
Entre las respuestas institucionales más destacadas está el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, implementado desde el año lectivo 2024–2025. Esta iniciativa ha llegado a medio millón de estudiantes en todo el país y, según cifras oficiales, ha logrado reducir un 30% los riesgos psicosociales en los planteles intervenidos.
También se ha puesto en marcha Responde Educ, una herramienta tecnológica incluida en la aplicación del ECU 911, que permite a la comunidad educativa activar un botón de seguridad en situaciones de emergencia. La ministra de Educación, Alegría Crespo, mencionó que durante el gobierno de Noboa se han contratado más de 11.000 docentes, intentando cubrir las renuncias y vacíos generados por el miedo a la violencia.
Urgencia de una política interinstitucional
Expertos coinciden en que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes frente al avance del crimen organizado. Urgen protocolos más robustos, presencia policial permanente y, sobre todo, una coordinación efectiva entre el Gobierno central, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los municipios. Solo una acción integral podrá garantizar que la educación no se convierta en otra víctima del conflicto interno que vive el país.
Fuente: El Comercio
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