La costa peruana ha sido testigo de una marejada de tensiones desde que, el 16 de abril, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, mayoritariamente respaldada por capitales estatales chinos, remitió una carta al Ministerio de Economía de Perú respecto a las condiciones para la operación del terminal portuario que está erigiendo en el país, destinado a ser el más grande de América del Sur.
La misiva busca resolver amigablemente las discrepancias y evitar un litigio internacional chancay, según una fuente de la empresa citada por CNN. El conflicto radica en el permiso otorgado por el Estado peruano años atrás para que la compañía opere en exclusiva los servicios de la infraestructura portuaria, una decisión ahora cuestionada por el proceso de aprobación.
A pesar de la comunicación, el Estado peruano no ha respondido oficialmente hasta la fecha de cierre de este reporte. El ministro de Economía, José Arista, confirmó haber recibido la carta en una entrevista con RPP Noticias, señalando que aún no han respondido, pero expresó su esperanza en llegar a un acuerdo.
La trascendencia del puerto de Chancay no pasa desapercibida. El embajador chino en Perú, Liang Yu, lo ha comparado con Shanghái en términos de su potencial para convertirse en un centro neurálgico para Sudamérica. Sin embargo, lamentó los rumores negativos sobre las empresas chinas en Perú, advirtiendo que esto podría afectar la cooperación bilateral.
Este proyecto chancay, concebido en 2007 por el peruano Juan Ribaudo De La Torre, cuenta hoy con la inversión y respaldo de Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), una subsidiaria estatal china, y Volcan Compañía Minera, una firma peruana. La relevancia estratégica del terminal es tal que se espera su inauguración durante la cumbre de APEC en Lima, siendo potencialmente un punto crucial en las rutas marítimas hacia Asia y Oceanía.
Las tensiones entre el Estado y la empresa surgieron tras una demanda presentada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que busca anular un acuerdo que otorga exclusividad a Cosco. La APN alega que carece de facultades para conceder dicha exclusividad y propone una modificación legislativa para otorgarle esa autoridad.
La incertidumbre sobre la exclusividad y otros aspectos regulatorios ha generado inquietud en los inversionistas, quienes temen por la seguridad jurídica de sus inversiones. A pesar de ello, las obras del puerto continúan, ya que el permiso de construcción no está en disputa. Sin embargo, el futuro de las inversiones adicionales está en suspenso hasta que se resuelvan las disputas legales en curso.
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