Una medida financiera temporal frente a la crisis climática
Desde abril de 2025, los ciudadanos ecuatorianos tienen la posibilidad de acceder a un diferimiento de deudas en Ecuador, una alternativa impulsada por el Gobierno nacional ante los efectos económicos derivados de la crisis climática. Esta medida, avalada por la Junta de Política y Regulación Financiera, ofrece una prórroga de hasta 180 días para el pago de cuotas crediticias.
La iniciativa busca brindar alivio financiero a personas con compromisos económicos activos en bancos y cooperativas, permitiéndoles reorganizar sus pagos mientras estabilizan su situación económica. El acceso a este beneficio estará disponible hasta septiembre de 2025.
Requisitos para aplicar al diferimiento de deudas en Ecuador
Para acceder al diferimiento de deudas en Ecuador, es imprescindible cumplir con los siguientes criterios establecidos por los organismos de control financiero:
- Mantener un crédito vigente con bancos o cooperativas supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la Superintendencia de Bancos.
- No tener mora acumulada. Este mecanismo solo está disponible para deudores que han cumplido puntualmente con sus pagos.
- Solicitar el diferimiento directamente en la entidad financiera correspondiente.
- Aceptar los términos establecidos, que generalmente implican reubicar las cuotas diferidas al final del período del crédito original.
Estas condiciones garantizan que el proceso esté alineado con prácticas responsables de gestión financiera, tanto para las instituciones como para los beneficiarios.
¿Qué implica este aplazamiento para los usuarios?
El diferimiento de deudas en Ecuador no significa una condonación. Se trata de una reprogramación del calendario de pagos que puede o no incluir nuevos costos. Las entidades financieras evaluarán de forma individual cada solicitud y decidirán si aplican intereses adicionales por el diferimiento.
De acuerdo con fuentes consultadas por medios especializados, en muchos casos los bancos sí aplican cargos extras. En promedio, se estima que los beneficiarios podrían terminar pagando hasta un 7% adicional del valor original del crédito. Esto depende del tipo de producto financiero, el tiempo del aplazamiento y la política interna de la entidad.
Cada caso será evaluado de forma independiente
Es fundamental tener en cuenta que este beneficio no es automático. Las entidades financieras tienen la potestad de aceptar o rechazar cada solicitud, previa evaluación de la situación del cliente. Este análisis puede contemplar factores como el historial de pagos, la capacidad de endeudamiento y la naturaleza del crédito.
Por ello, se recomienda a los interesados acercarse con anticipación a su institución financiera, conocer los términos exactos del diferimiento y solicitar asesoría antes de comprometerse con la reestructuración.
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