La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ha tomado medidas contundentes en relación con cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pidiendo su destitución. A continuación, analizaremos los detalles de este importante desarrollo.
Solicitud de Destitución por Desacato a la Corte Constitucional
Diana Salazar ha solicitado la destitución de Alembert Vera, presidente del Cpccs, así como de sus colegas Augusto Verduga, Yadira Saltos (afiliados al correísmo) y Jhoana Verdezoto, en manos de la Corte Constitucional (CC). Esta solicitud se basa en el supuesto desacato del Cpccs al dictamen de la CC emitido el 7 de mayo, que prohibía al Cpccs definitivo revisar decisiones tomadas por el Cpccs Transitorio, incluida la designación de autoridades de control.
Acusación de Infracción y Abuso
La Fiscal atribuye la responsabilidad de estos consejeros al haber cometido una infracción al intentar revisar su propia designación.
Según Salazar, los consejeros han permitido que el Cpccs sea utilizado para «concretar abusos» bajo el pretexto de promover la participación ciudadana.
División en el Cpccs
Este movimiento de la Fiscal refleja una división interna en el Cpccs. La minoría representada por Nicole Bonifaz, Andrés Fantoni y Mishel Calvache también ha solicitado a los jueces que revisen las acciones de los consejeros de mayoría. Esto se debe a la presunta vulneración del dictamen de la CC y a la continuación de la conformación de una veeduría ciudadana.
Respuestas y Argumentos
Los consejeros acusados han negado las acusaciones de la Fiscal y de sus colegas de minoría. Alembert Vera insiste en que el Cpccs no ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación de la Fiscal. Augusto Verduga defiende su gestión y cuestiona la base de los cargos en su contra.
Denuncia de Mishell Calvache
Mishell Calvache, consejera del Cpccs, también ha presentado una denuncia en contra de sus colegas por presunto fraude procesal. Esto se debe a una supuesta alteración de un documento enviado a la Corte Constitucional. La denuncia busca investigar si se modificó información en el informe original aprobado por la mayoría del Cpccs.
La decisión de la Corte Constitucional sobre la destitución de los consejeros y las denuncias adicionales marcará un hito en la política ecuatoriana y su sistema de control y participación ciudadana.
Conclusiones
La solicitud de destitución de los consejeros del Cpccs y las denuncias cruzadas entre los miembros de este organismo evidencian la complejidad política y legal en Ecuador. La Corte Constitucional deberá tomar una decisión importante en este caso, que puede tener implicaciones duraderas en la política y la gobernabilidad del país. El resultado de este proceso se observará de cerca en los próximos meses.
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