La mañana del 8 de diciembre de 2025, la jueza Cruz Germania Torres negó la acción de protección presentada por jubilados que exigen al Gobierno la devolución del IVA a jubilados en Ecuador, cuyos pagos acumulan retrasos de al menos 6 meses. Esta decisión judicial representa un revés significativo para cientos de adultos mayores que dependen de estos reembolsos mensuales para cubrir gastos esenciales como salud, alimentación y medicinas.
El proceso judicial había generado expectativa entre el sector vulnerable de la tercera edad. Sin embargo, la audiencia duró menos de diez minutos, según relata Harry Valarezo, procurador del grupo afectado. «Esta decisión es una burla. Estamos indignados porque la jueza nos niega el pedido sin motivación alguna. Simplemente dijo que no hay vulneración de derechos», criticó tras conocer el fallo.
Crisis estructural del déficit fiscal ecuatoriano
El problema de fondo revela una crisis fiscal alarmante. Entre enero y noviembre de 2025, Ecuador acumuló un déficit fiscal de $4.289 millones, generando mensualmente un hueco financiero superior a $389 millones. Esta situación se debe a que el Estado gasta considerablemente más de lo que ingresa por concepto de impuestos.
Durante ese período, los ingresos tributarios alcanzaron $15.868 millones. No obstante, únicamente los gastos corrientes, que incluyen salarios públicos, transferencias y funcionamiento estatal básico, sumaron $20.876 millones. Por tanto, esta diferencia estructural deja al Gobierno sin liquidez suficiente para cumplir obligaciones esenciales, incluyendo la devolución del IVA a jubilados en Ecuador.
Acumulación de atrasos compromete derechos constitucionales
Los pagos pendientes representan una carga financiera significativa. Entre enero y noviembre de 2025, se acumularon atrasos con proveedores, IESS y otras entidades por $1.646 millones. Además, se suman $1.979 millones de atrasos de años anteriores. En consecuencia, los pagos pendientes totales llegan a $3.625 millones, evidenciando un Estado incapaz de cubrir sus gastos básicos.
Esta situación afecta directamente a los adultos mayores que esperan la devolución del IVA a jubilados en Ecuador como un derecho constitucional. Valarezo confirmó que apelarán inmediatamente la decisión: «En cinco días deberían notificar por escrito la sentencia y vamos a impugnarla. Esto es una injusticia tremenda para los adultos mayores».
Perspectivas legales y próximos pasos
El grupo de jubilados sostiene que el Estado ha vulnerado el acceso efectivo a derechos para un sector especialmente vulnerable. Igualmente, argumentan que los incumplimientos en la devolución del IVA a jubilados en Ecuador no solo representan un problema administrativo, sino una violación sistemática de garantías constitucionales establecidas para proteger a la tercera edad.
Finalmente, mientras el proceso de apelación avanza, cientos de adultos mayores continúan esperando recursos que les corresponden por ley. La crisis fiscal estructural del país pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para honrar compromisos básicos con sus ciudadanos más vulnerables, generando incertidumbre sobre cuándo se normalizarán estos pagos esenciales.
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Fuente:
lahora
