Deuda pública es hoy uno de los factores más determinantes para la fragilidad económica de Ecuador, ya que más del 40% del presupuesto estatal se destina al pago de obligaciones que crecen más rápido que la capacidad del país para generar ingresos.
Perfil económico y carga de deuda
Según expertos, aunque el peso de la deuda pública como porcentaje del PIB es moderado, su estructura de pagos es altamente demandante. Entre intereses y amortizaciones, en 2026 Ecuador deberá cubrir más de $12.000 millones, lo que equivale al 41% del Presupuesto General del Estado. En la práctica, siete de cada diez dólares recaudados en impuestos se destinan únicamente al servicio de estas obligaciones, dejando mínimos recursos para salud, educación o inversión pública.
Ajustes fiscales para enfrentar la deuda
Las proyecciones muestran que la economía crece menos del 2% anual, mientras los intereses que paga el país se ubican entre el 4% y 6%. Esta brecha vuelve insostenible el manejo actual, ya que para equilibrar la relación entre crecimiento y deuda pública sería necesario alcanzar un incremento económico cercano al 6% por varios años consecutivos. Sin reformas profundas en el Estado, la presión fiscal seguirá aumentando.
Renegociación como vía para aliviar la deuda pública
El país acumula un saldo total cercano a los $93.000 millones, con una composición del 58% externa y 42% interna. Ante este escenario, especialistas coinciden en que Ecuador debe impulsar una renegociación integral que reduzca intereses, extienda plazos y reorganice sus compromisos tanto internos como externos. Replicar modelos exitosos, como el de Barbados, permitiría un alivio real y no un simple aplazamiento de pagos.
Reformas complementarias para evitar nuevo sobreendeudamiento
Una renegociación sin cambios estructurales solo trasladaría el problema hacia el futuro. Para evitarlo, se requieren reglas fiscales claras, una administración más eficiente y una reducción ordenada del gasto público. También es indispensable modernizar el sistema tributario, eliminar exenciones injustificadas y fortalecer los controles presupuestarios para impedir que la deuda pública vuelva a crecer sin respaldo económico.
Transparencia y ordenamiento de la deuda interna
Uno de los retos más grandes es transparentar las obligaciones con el IESS, que posee más de $13.000 millones en bonos estatales. A esto se suman deudas históricas que superarían los $27.000 millones y que aún no han sido completamente auditadas. Un acuerdo de pagos debe equilibrar la necesidad del Estado con la protección de los recursos de los afiliados.
Financiamiento sostenible para reemplazar la deuda pública
El país debe sustituir sus obligaciones más costosas por créditos de largo plazo que apoyen infraestructura, energía, agua y proyectos productivos. Durante años, gran parte de los préstamos se usaron para cubrir gastos corrientes y no para impulsar crecimiento. Una vez ordenado el Estado, el financiamiento podrá dirigirse a proyectos que mejoren la competitividad y generen mayores ingresos.
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