En un escenario económico tenso, el presidente saliente Guillermo Lasso dejará una pesada carga para su sucesor en diciembre de 2023: una deuda pública total de $81.000 millones. Este monto colosal incluye préstamos externos, colocación de bonos de deuda interna, así como pasivos y obligaciones pendientes de pago.
Desafíos inmediatos para el próximo gobierno
El próximo líder ecuatoriano se encontrará con una deuda per cápita de $4.781 al asumir el cargo. La urgencia radica en la necesidad de buscar nuevo endeudamiento desde el primer día. Esto se debe a los vencimientos de préstamos pendientes y un déficit mensual que oscila entre $300 millones y $400 millones, lo que impone una tarea hercúlea.
Limitaciones en la búsqueda de financiamiento
La situación se agrava debido a las limitaciones del mercado financiero. Con un riesgo país entre 1.700 y 1.800 puntos, el acceso a bonos está prácticamente bloqueado. Los préstamos del FMI también estarán condicionados a un estricto plan de ajuste en el sector fiscal, restringiendo aún más las opciones.
Desafíos futuros y el peso de la Deuda Interna
El Gobierno de Lasso ha logrado reducir el peso de la deuda pública al 62% del Producto Interno Bruto (PIB) gracias a crecimiento económico, renegociaciones y canjes de deuda. Sin embargo, el servicio de deuda alcanzará $6.858 millones para finales de 2023. Este monto incluye intereses y vencimientos, que normalmente se pagan con nueva deuda, creando un ciclo constante de endeudamiento.
Ante la escasez de financiamiento externo, el próximo Gobierno enfrentará dificultades significativas. Se proyecta que en 2024, considerando el déficit fiscal y el servicio de la deuda, se necesitarán al menos $11.000 millones. Si no se obtiene este monto, los atrasos se acumularán.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno saliente para cubrir deudas arrastradas desde hace más de una década, las finanzas públicas ecuatorianas continúan en aprietos. Con un presupuesto rígido y limitado, el próximo presidente deberá abordar estas dificultades con astucia y decisión para garantizar la estabilidad económica del país.
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