La próxima gran presión sobre el sistema de salud Ecuador, julio 2026

En Ecuador, cerca de 20.000 personas requieren terapias de reemplazo renal para vivir, las cuales son recibidas a través de centros de diálisis públicos y privados para abastecer la demanda de pacientes actuales, siendo una responsabilidad del Estado el poder garantizar este tipo de atenciones, pues la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una enfermedad catastrófica. La situación de los pacientes invita a mirar más allá de la coyuntura y abre una conversación sobre el futuro del sistema de salud ecuatoriano frente al crecimiento de las enfermedades crónicas y de alta complejidad. La atención se brinda en centros especializados privados que forman parte de la Red Pública Integral y Complementaria de Salud mediante convenios con el Estado, un modelo que pone de relieve la importancia de contar con mecanismos de financiamiento oportunos para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales para miles de familias. En julio de 2026, organizaciones de pacientes renales y clínicas dializadoras mantienen el llamado para dar solución sostenida a esta situación que pone en riesgo miles de vidas, dado que la inestabilidad de los líderes del sector ha sido tan cambiante, que no hay garantizas que apoyen el avance en la regularización de los pagos y garantizar la sostenibilidad de la atención especializada, pues la salud sigue siendo un tema de prioridad. De acuerdo con estos colectivos, la deuda acumulada con los prestadores supera los USD 400 millones, una cifra que evidencia la necesidad de consolidar mecanismos financieros acordes con la creciente demanda de servicios de alta complejidad, no se ha logrado conciliar una respuesta consistente para el pago de la creciente deuda y garantía de desfinanciamiento de este sector. El caso de las clínicas dializadoras ofrece una oportunidad para fortalecer la planificación del sistema de salud; a medida que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, crece la necesidad de asegurar la continuidad de los tratamientos especializados y consolidar un modelo capaz de responder de manera oportuna y sostenible a las necesidades de la población. La importancia de este tema ya había sido advertida en septiembre de 2024, cuando la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó un informe de fiscalización en el que señaló que la deuda con las clínicas dializadoras, SOLCA y otros prestadores de la Red Complementaria incidía en la continuidad de los tratamientos y en el acceso oportuno a los servicios de salud. Este escenario impulsa al octavo Ministro de Salud a que mantenga una conversación y la búsqueda de una solución real del fortalecimiento del financiamiento, la planificación y la articulación entre la red pública y complementaria que contribuirá a garantizar la continuidad de la atención y a responder con mayor capacidad a una demanda creciente de servicios especializados.