Es verdaderamente irritante la posición del Gobierno, de sus voceros y de sus subordinados; todos dispuestos a conseguir sus obstinaciones a base de amenazas: “Si votan en contra de la extracción petrolera, eliminaremos los subsidios”, “Incrementaremos los impuestos, por su desobediencia”. Esta posición oficial solo demuestra la estrechez mental y la incapacidad para buscar soluciones más allá de su limitada visión. Parecería que disfrutan tomando decisiones equivocadas y disposiciones a la ligera; como cuando pretendiendo recuperar la rentabilidad del campesino, prometieron incrementar el precio de los productos agropecuarios, sin entender que lo correcto no es aumentar el precio de venta, sino disminuir los excesivos costos de producción.
Con frecuencia, la mejor forma de vislumbrar la solución es ir más allá del recuadro del problema, porque solo así se amplía la perspectiva. Cuando eso sucede, no solo se facilita corregir el error, sino que se expande la capacidad de análisis para desarrollar nuevas ideas a partir del flamante formato y enfoque.
Los expertos concuerdan que en la explotación petrolera es imposible eliminar el 100% de la contaminación; pero también afirman que sí se la puede llevar a la mínima expresión; es decir a niveles técnicamente tolerables. El inconveniente es asunto de costo, por eso son renuentes a implementar la infraestructura preventiva necesaria. Entonces, el verdadero problema no es si extraer o no el petróleo, sino que las compañías petroleras no asumen la responsabilidad de incorporar todos los factores necesarios para minimizar la afectación.
Arguyen que detener la extracción en el Yasuní afectará la salud económica del Gobierno; pero el pueblo no tiene la culpa del decepcionante manejo de la economía nacional. Los ecuatorianos son responsables de proteger su patrimonio histórico y natural; que, por otra parte, es lo poco que le queda después que los últimos Gobiernos destruyeron su derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad, a la educación, y ahora hasta el derecho a la vida.
Es una infamia que obliguen al pueblo a escoger entre defender su heredad ancestral o complacer intransigencias del Gobierno. Si lo que quieren es amenazar, deberían hacerlo con las compañías petroleras que no cumplen con su responsabilidad de minimizar la contaminación. Nos queda claro que una drástica reducción de los daños ecológicos es una posibilidad absolutamente cierta, pero que las petroleras no asumen… con la complicidad de los Gobiernos.
Fuente: La nación
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