Ecuador atraviesa una transformación profunda en su panorama de seguridad desde inicios de la década de 2020. El país, que por años fue considerado un refugio de paz en América Latina, enfrenta hoy una crisis invisible pero creciente: el desplazamiento interno forzado por la violencia criminal. Este fenómeno, que ha afectado a más de 82.000 personas en 2024, no cuenta con reconocimiento oficial ni políticas públicas específicas.
Un reciente estudio de la investigadora Gabriela Malo, publicado por la Refugee Law Initiative (RLI) como parte de la serie “Internal Displacement in the Context of Organised Criminal Violence”, revela la magnitud del fenómeno y su impacto humano, social y político.
Auge del crimen organizado: una bomba de tiempo
Desde 2020, la violencia criminal se ha intensificado en Ecuador debido a la expansión de bandas locales vinculadas con carteles del narcotráfico internacionales. Esta ola de violencia ha incluido masacres carcelarias, atentados con explosivos, extorsiones, secuestros y asesinatos por encargo, afectando especialmente a las áreas urbanas y costeras.
Grupos como “Los Lobos” se han posicionado con fuerza en zonas estratégicas, utilizando incluso a niños como informantes y ejecutores. UNICEF reportó en 2023 un aumento del 640% en asesinatos de menores desde 2019, reflejo del deterioro de las condiciones de seguridad.
Aunque el Gobierno declaró un conflicto armado no internacional en 2024 e implementó estados de emergencia, el impacto de estas medidas ha sido limitado. Si bien los homicidios bajaron un 16% respecto a 2023, en 2025 las cifras volvieron a aumentar, evidenciando la resiliencia de las estructuras criminales.
Cartografía del miedo: ¿dónde ocurre el desplazamiento?
El desplazamiento forzado en Ecuador responde a la distribución territorial de la violencia. Las provincias costeras como Esmeraldas, Guayas y Manabí lideran en tasas de homicidio y niveles de desplazamiento, mientras que las ciudades de la Sierra Andina, como Quito y Cuenca, se convierten en destinos relativamente más seguros.
También se registra desplazamiento desde regiones mineras del sur y de la Amazonía, donde el crimen organizado se ha infiltrado en actividades como la minería ilegal de oro. La movilidad de los grupos delictivos reconfigura constantemente los patrones de desplazamiento, impulsando a las personas a cambiar de lugar repetidamente.
Muchas familias desplazadas huyen de forma silenciosa, evitando atraer atención por temor a represalias. Buscan quedarse en su misma provincia inicialmente, pero no dudan en migrar a otras regiones si el peligro persiste.
Desplazados en su propio país: la crisis invisible
A diferencia de los migrantes internacionales, los desplazados internos no cuentan con mecanismos claros de protección. La mayoría acude a redes familiares o a albergues temporales gestionados por municipalidades o iglesias, los cuales carecen de recursos para responder a una crisis de esta magnitud.
Solo el 57,7% de los niños desplazados reanudó sus estudios, y muchos enfrentan barreras de discriminación o pobreza extrema. El temor al reclutamiento infantil empuja a las familias a actuar con urgencia, muchas veces sin planificación ni recursos suficientes.
Además, existe un estigma creciente: algunos ecuatorianos confunden a las víctimas con delincuentes, dificultando aún más su integración social. Las víctimas de desplazamiento relatan haber sufrido extorsión (30%), violencia sexual (11%) y apropiación de propiedades (7%), entre otros abusos.
La respuesta institucional ausente
A pesar de la gravedad del problema, el gobierno ecuatoriano aún no reconoce oficialmente el desplazamiento interno como una crisis humanitaria. El Decreto Ejecutivo 493, firmado en enero de 2025, omitió toda referencia al desplazamiento, centrando su narrativa únicamente en el combate al crimen.
Este vacío institucional viola compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Organismos como la ONU recomiendan reconocer y atender el desplazamiento interno como una prioridad humanitaria, especialmente cuando este deriva de conflictos armados o violencia sistemática.
La falta de atención también contrasta con la cobertura mediática de la migración externa, como la crisis en el Darién. Sin embargo, poco se dice sobre las personas desplazadas dentro del propio Ecuador.
¿Qué se puede aprender de otros países?
Colombia, con décadas de experiencia enfrentando desplazamiento forzado, puede ofrecer lecciones valiosas. La institucionalización de la atención a víctimas, el reconocimiento legal del fenómeno y el diseño de políticas integrales han sido claves para enfrentar una realidad similar.
Para Ecuador, los expertos recomiendan:
- Reconocimiento oficial del desplazamiento forzado.
- Creación de un registro nacional de desplazados.
- Asistencia inmediata en vivienda, salud, educación y empleo.
- Protección especial a menores de edad y mujeres víctimas de violencia.
- Apoyo a gobiernos locales y ONG que ya brindan atención en el territorio.
Un desafío urgente y moral
El desplazamiento interno por violencia criminal en Ecuador es una realidad creciente que no puede seguir siendo ignorada. Detrás de cada cifra hay historias de familias desarraigadas, niños traumatizados y comunidades fracturadas. La falta de una respuesta institucional adecuada no solo incumple con los deberes del Estado, sino que perpetúa el sufrimiento de miles de ciudadanos.
La transformación del país en un escenario de guerra no convencional demanda nuevas formas de intervención, prevención y protección. Ecuador debe actuar ahora, antes de que la crisis se agrave aún más.
Fuente:
Revista Gestión
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