Quito, la capital ecuatoriana, enfrenta una profunda crisis socioeconómica derivada de los despidos en el sector público de Quito, lo cual tiene un impacto devastador en el empleo y el consumo. Esta situación compromete no solo a miles de familias, sino también a la economía urbana en general.
Concentración institucional y pérdida de empleos
Al ser el epicentro administrativo del país, Quito alberga ministerios, hospitales, secretarías y entidades públicas que, históricamente, han generado fuentes de empleo estables. Sin embargo, con la desvinculación de alrededor de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 40 % están en la provincia de Pichincha, las consecuencias se concentran principalmente en Quito.
La médica general Marcela (nombre protegido), de 35 años, fue notificada de su despido de forma abrupta. Su diagnóstico de depresión con riesgo suicida moderado, emitido por el IESS semanas antes, no fue impedimento para que su contrato fuera terminado. La pérdida de su empleo significa también la renuncia forzada a múltiples compromisos familiares y económicos.
Condiciones laborales precarias y efecto multiplicador
A Marcela le ofrecieron un nuevo empleo en una clínica privada con una modalidad extremadamente precaria: recibiría $3.60 por paciente atendido. Esta situación evidencia cómo los despidos en el sector público de Quito están llevando a profesionales altamente capacitados a condiciones laborales indignas. Además, ya no podrá contratar a la mujer que cuidaba a su hija durante los turnos hospitalarios, lo que refleja el efecto dominó de esta crisis.
Impacto en el consumo y la economía de la capital
Gonzalo Criollo, director de Conquito, advierte que estos despidos generarán una contracción del consumo en Quito. Con menor capacidad adquisitiva, los exservidores públicos disminuirán su gasto en transporte, comida, educación y ocio. Como resultado, el comercio y los servicios locales verán reducidas sus ventas, profundizando el ciclo de estancamiento económico.
Cifras que preocupan
Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, calcula que con un ingreso promedio de $1.531 por servidor público, Quito perderá cerca de $2 millones mensuales. Esta reducción de liquidez local se convierte en un golpe para una ciudad que ya lidera las tasas de desempleo en el país.
El impacto de los despidos en el sector público de Quito no solo afecta a los trabajadores, sino que golpea directamente a microempresarios, transportistas, comerciantes y hasta pequeños productores rurales, cuya economía depende del dinamismo urbano.
Los más afectados: mujeres, adultos mayores y jóvenes
Entre los despedidos se encuentran mujeres con hijos pequeños, adultos a punto de jubilarse, y jóvenes de apenas 22 años que recién iniciaban sus carreras. Todos enfrentan ahora un escenario incierto, con deudas pendientes, responsabilidades familiares y pocas oportunidades laborales.
¿Una crisis social en puerta?
Luisa Maldonado, exconcejala de Quito, sostiene que el impacto social será severo si no se adoptan políticas de mitigación. Propone que el gobierno central, junto al municipio y entidades como la CFN, trabajen en alternativas de reactivación económica y acompañamiento psicológico. “Este no es solo un tema económico; el desempleo sostenido puede derivar en más casos de suicidio, violencia intrafamiliar y desintegración social”, advierte.
Más noticias:
Ecuador destinará más de USD 2.084 millones en bienes y servicios públicos para 2025
Fuente:
