El entramado legal se ha convertido en un laberinto que aleja las inversiones y desalienta el desarrollo económico en Ecuador. La complejidad normativa, enredada por intereses políticos, ha generado un escenario de incertidumbre que frena la llegada de capitales y afecta gravemente la generación de empleo de calidad en el país.
Un sistema normativo caótico
El panorama legal ecuatoriano, descrito por expertos como Fabián Corral, abogado y doctor en jurisprudencia, es caracterizado como “absolutamente caótico”. Las leyes, muchas veces redundantes y confusas, no solo dificultan su aplicación sino que también generan desconfianza en los empresarios, tanto locales como extranjeros.
Corral señala que Ecuador ha sobrecargado su ordenamiento jurídico con leyes orgánicas, muchas veces fuera del ámbito constitucionalmente previsto. Estas leyes, que deberían servir para desarrollar preceptos constitucionales o estructurar instituciones del Estad. Esto se utilizan indiscriminadamente para regular una amplia gama de temas, sin una lógica clara de necesidad ni coherencia estructural.
Impacto en la Inversión y el empleo
La falta de seguridad jurídica derivada de este caos normativo no solo desincentiva la inversión extranjera directa (IED), sino que también afecta las inversiones locales. Según datos del Banco Central del Ecuador, durante el primer trimestre de 2024, la IED alcanzó solo $78.3 millones, evidenciando una caída en comparación con períodos anteriores. Esta disminución es preocupante, especialmente cuando se considera que se necesitarían al menos $42,000 millones en inversiones para combatir el desempleo. La informalidad laboral que afecta a casi 6 millones de ecuatorianos.
Legislación y política: Un matiz peligroso
El proceso legislativo, lejos de simplificar y clarificar el marco legal, ha exacerbado el problema al convertirse en un campo de batalla político. Las leyes se promulgan con frecuencia no solo para responder a necesidades sociales o económicas, sino también para ganar poder político. Este enfoque, según observadores como Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, ha llevado a propuestas legislativas excesivas y a veces contradictorias, como el caso reciente de una ley orgánica de regulación del teletrabajo.
El desafío laboral: Código del trabajo desplazado
El Código del Trabajo, históricamente fundamental para regular las relaciones laborales, ha sido desplazado por una serie de leyes orgánicas que lo reforman constantemente, creando un entorno legal inestable para empleadores y empleados. Esto ha contribuido a una sobrerregulación que no solo complica la gestión empresarial, sino que también genera incertidumbre sobre los derechos y obligaciones laborales.
Perspectiva empresarial y económica
María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), advierte sobre los riesgos de continuar con una política normativa que, más que facilitar el desarrollo económico. Esta sobrerregulación y la creación de leyes con tintes políticos. En lugar de promover un entorno favorable para la inversión y el empleo, contribuyen a un retroceso en el progreso social y económico del país.
En resumen, la situación legal en Ecuador no solo enfrenta un desafío de sobrerregulación, sino también de politización del proceso legislativo. Este entorno caótico no solo impide la llegada de inversiones necesarias para el desarrollo económico. Esto también ahonda la precariedad laboral y la falta de empleo digno. Resolver este problema requerirá no solo reformas legales significativas. Por lo que, también un compromiso político genuino para restablecer la confianza en el marco jurídico y promover un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico sostenible.
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