Inestabilidad en la Fiscalía General del Estado
La designación del nuevo Fiscal General en Ecuador atraviesa un proceso lleno de incertidumbre. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza lentamente en el concurso público, que podría culminar recién en abril de 2026. Este retraso, sin embargo, podría extenderse aún más debido a los efectos del referendo nacional y una eventual Asamblea Constituyente.
El período de la anterior titular, Diana Salazar, concluyó en abril de 2025. Luego de un mes de prórroga, renunció y fue nombrada embajadora en Argentina. Desde entonces, la Fiscalía ha pasado por una serie de subrogaciones temporales, primero con Wilson Toainga y, más tarde, con Carlos Alarcón, quien asumió temporalmente por viajes oficiales. Esta sucesión refleja una época de inestabilidad institucional.
Un concurso prolongado y con obstáculos
El CPCCS inició el concurso de designación del nuevo Fiscal General hace más de un año. En septiembre de 2024 se aprobó un reglamento cuestionado por varios gremios jurídicos. Posteriormente, tras la destitución de vocales correístas en enero de 2025, el reglamento fue reformulado y aprobado definitivamente en junio.
En agosto, el proceso avanzó hacia la selección de los cinco comisionados ciudadanos entre 42 postulantes. La etapa actual, de impugnación ciudadana, se abrió el 7 de octubre de 2025. Según el cronograma, la designación final debería concretarse en abril de 2026, acumulando un retraso de un año completo.
El referendo y la Asamblea Constituyente podrían reiniciar todo
Pese al avance parcial, dos factores amenazan con reiniciar la designación del nuevo Fiscal General. El 16 de noviembre de 2025 se realizará un referendo nacional impulsado por el presidente Daniel Noboa. Entre sus posibles preguntas está la eliminación de la facultad del CPCCS para nombrar autoridades, lo que trasladaría esa competencia a la Asamblea Nacional.
Si la propuesta se aprueba, todos los concursos en curso quedarían sin efecto, reiniciando desde cero el proceso de selección del titular de la Fiscalía.
De forma paralela, el país también votará por la instalación de una Asamblea Constituyente. Si gana el “Sí”, se iniciará un proceso de redacción de una nueva Constitución, que podría eliminar definitivamente al CPCCS. Este escenario alargaría la espera por la designación del nuevo Fiscal General hasta, al menos, mediados de 2027.
Otros procesos del CPCCS también en riesgo
La situación no afecta solo a la Fiscalía. Actualmente, el CPCCS mantiene cuatro concursos de designación en distintas etapas, todos con riesgo de suspensión si se aprueban los cambios institucionales.
Este panorama prolonga la crisis de liderazgo en varias entidades del Estado y alimenta la desconfianza ciudadana frente a la falta de resultados concretos.
En definitiva, Ecuador se enfrenta a una coyuntura institucional en la que la designación del nuevo Fiscal General depende tanto del calendario electoral como del futuro político del CPCCS. El desenlace marcará el rumbo de la independencia judicial y de la estabilidad en el sistema de justicia ecuatoriano.
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Fuente:
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