Este 5 de noviembre de 2025, un juez ordenó el desbloqueo de cuentas bancarias congeladas en paro nacional de tres fundaciones ecuatorianas. La decisión se tomó después de una audiencia judicial en Quito. Por tanto, la medida beneficia a organizaciones no gubernamentales cuyos recursos financieros fueron bloqueados durante las protestas sociales que duraron un mes.
Las organizaciones Alianza Ceibo, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) y Pakkiru —que representa a 16 comunas y pueblos kichwas de Pastaza— celebraron la decisión judicial. En consecuencia, Luis Canelos, presidente de Pakkiru, confirmó que el juez ordenó descongelar las cuentas de inmediato.
Marco legal del congelamiento bancario
La Ley de Transparencia Social, publicada en agosto de 2025, ha sido la herramienta legal mediante la cual el Estado ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias congeladas en paro nacional. Según la abogada tributaria Soledad Proaño, esta norma establece las condiciones bajo las cuales el Gobierno puede bloquear las cuentas de organizaciones sociales.
Además, entre septiembre y octubre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció el congelamiento masivo de cuentas bancarias. Estas medidas afectaron a dirigentes y organizaciones regionales durante las protestas que paralizaron varias regiones del país.
Casos importantes de bloqueo financiero
Por otra parte, Apawki Castro, coordinador de Pachakutik en Cotopaxi y exdirigente de Conaie, reportó que su cuenta bancaria fue bloqueada sin razón legal clara. Aunque indicó que habría una orden fiscal, los registros oficiales no muestran juicios pendientes contra él. Por ende, denunció públicamente: «Estamos en indefensión frente a un Estado que vulnera todos los derechos».
Posteriormente, el 7 de octubre de 2025, Castro presentó una acción de protección legal. Su argumento principal fue la falta de base legal para vincular sus cuentas bancarias congeladas en paro nacional con actividades delictivas. Asimismo, su defensa sostiene que no hay pruebas suficientes para clasificarlo como parte de grupos de delincuencia organizada.
Futuro jurídico del desbloqueo
Mientras tanto, los jueces deben fijar fecha y hora para revisar las acciones de protección presentadas. Igualmente, el desbloqueo ordenado este martes establece un caso importante para otros dirigentes sociales que cuestionan la legalidad de las medidas aplicadas durante el conflicto social.
Finalmente, la decisión judicial representa un alivio financiero para las tres fundaciones. Esto les permite retomar sus trabajos normales y proyectos comunitarios que estaban suspendidos durante el bloqueo. Sin embargo, el debate sobre los límites del Estado en la intervención de organizaciones sociales continúa abierto.
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