Daniel Noboa enfrenta la crisis penitenciaria como el tercer presidente en lidiar con este desafío. Tanto Guillermo Lasso como Lenin Moreno no lograron reformar eficazmente el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), evidenciado por 15 masacres carcelarias durante sus mandatos. La atención se ha centrado nuevamente en el sistema penitenciario tras la reciente ola de violencia y la declaración del conflicto armado interno.
Desde su campaña electoral, Daniel Noboa ha destacado la importancia de abordar esta problemática y ha adoptado un enfoque de «mano dura», prometiendo un régimen carcelario al estilo de Bukele. Incluso desafió a sus críticos a cometer un delito para experimentar las nuevas cárceles de máxima y super máxima seguridad que ha propuesto, aunque aún no ha cumplido con la colocación de la primera piedra, inicialmente programada para el 11 de enero de 2024.
A pesar de la atención en la construcción de nuevas infraestructuras, la crisis del SNAI y de las cárceles tiene múltiples facetas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas incluyen el debilitamiento institucional, la corrupción, falta de registro, disminución presupuestaria, hacinamiento y la creación de megacárceles, que según la CIDH, no representan una solución sostenible.
Las propuestas gubernamentales, desde el gobierno de Lenín Moreno hasta el de Guillermo Lasso, han enfrentado obstáculos significativos, como el debilitamiento institucional evidenciado por la rotación de ocho directores en 30 meses en el SNAI. Aunque Lasso logró reducir el hacinamiento y aumentar el personal penitenciario, la profundidad de la crisis persiste.
La respuesta de Daniel Noboa a los recientes ataques terroristas ha sido respaldada por la mayoría de la ciudadanía, a pesar del secretismo en torno al Plan Fénix y la supuesta licitación internacional para la construcción de nuevas cárceles. Sin embargo, aún no se vislumbra una ruta clara para mejorar el sistema penitenciario y facilitar la rehabilitación de los presos.
Aunque se han planteado iniciativas, como beneficios tributarios para empresas que contraten ex convictos, persisten desafíos en la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, como la integridad, el trabajo, la educación y la recreación, que aún no se cumplen adecuadamente en las cárceles de Guayas, Cotopaxi y Azuay. El presidente Daniel Noboa, a pesar de sus iniciativas, debe abordar de manera más integral estos problemas para lograr mejoras duraderas en el sistema penitenciario.
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