Estados Unidos ha establecido acuerdos con ocho países para enviar deportados de terceros países desde Estados Unidos, una política migratoria que se intensificó tras la llegada de Donald Trump al poder. Ecuador podría sumarse a esta lista, según confirmó la canciller Gabriela Sommerfeld.
La administración Trump comenzó esta estrategia deportando migrantes hacia países diferentes a los de su origen, iniciando con El Salvador en enero de 2025. Posteriormente, Washington expandió estos acuerdos a otras naciones de América y África.
Ecuador negocia recibir deportados de terceros países desde Estados Unidos
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld confirmó que el país mantiene negociaciones para recibir aproximadamente 300 deportados de terceros países desde Estados Unidos anualmente. «Sería solamente refugiados de ciertas nacionalidades», explicó Sommerfeld, añadiendo que la inclusión de Ecuador en este plan aún está en proceso de discusión.
Esta posible incorporación convertiría a Ecuador en el noveno país con acuerdos migratorios de este tipo con Washington, siguiendo el patrón establecido desde el inicio del segundo mandato de Trump.
Los ocho países que actualmente reciben migrantes deportados
Estados Unidos mantiene actualmente acuerdos operativos con ocho naciones para deportar migrantes de diversas nacionalidades:
Países americanos:
- El Salvador (primer acuerdo, enero 2025)
- Panamá
- Costa Rica
- Paraguay
Países africanos:
- Uganda
- Ruanda
- Suazilandia
- Sudán del Sur
El Salvador recibe USD 6 millones por alojar a estos migrantes en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), mientras que Panamá obtiene USD 14 millones. Costa Rica podría recibir hasta USD 7,85 millones según documentos del Departamento de Estado.
Características comunes de los gobiernos participantes
Los países que han aceptado estos acuerdos comparten tendencias políticas de derecha. El caso más notable es El Salvador, donde Nayib Bukele mantiene una relación cercana con Trump, incluyendo reuniones en la Casa Blanca y visitas oficiales del secretario de Estado Marco Rubio.
En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves decretó emergencia nacional por la crisis migratoria y anteriormente declaró que su país no podía «seguir aceptando gente que no son refugiados políticos». Por su parte, José Raúl Mulino de Panamá implementó deportaciones masivas de migrantes del Darién, logrando reducir el flujo migratorio en un 98%.
Santiago Peña de Paraguay también ha mostrado afinidad con la agenda migratoria de Trump, describiendo las políticas republicanas como «un sueño hecho realidad» para los asuntos internacionales.
Implicaciones de la expansión del programa migratorio
La posible incorporación de Ecuador al sistema de deportados de terceros países desde Estados Unidos representaría una expansión significativa de esta política migratoria restrictiva. Los términos específicos con los países africanos permanecen confidenciales, mientras que los acuerdos americanos han revelado importantes transferencias económicas.
Esta estrategia refleja la intensificación de las políticas migratorias de la administración Trump, que busca alternativas para gestionar el flujo de migrantes irregulares mediante acuerdos bilaterales con países aliados dispuestos a recibir deportados de terceros países desde Estados Unidos.
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