La ONG Fundamedios denunció la infiltración de agentes de la Policía Nacional en grupos privados de WhatsApp utilizados por periodistas en Ecuador. Esta revelación generó fuertes cuestionamientos sobre la vulneración del secreto profesional, la privacidad y la libertad de expresión. La organización exigió explicaciones inmediatas al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Inteligencia, que hasta el momento no han emitido pronunciamientos oficiales.
Agentes infiltrados en grupos de comunicación
El caso salió a la luz cuando Benito Bonilla, administrador de un grupo de prensa, descubrió que uno de los participantes era un sargento de la Policía. Tras la expulsión de este agente. Se identificaron al menos otros dos infiltrados, sumando un total de 17 grupos de WhatsApp en los que los uniformados se encontraban presentes. Los agentes habrían utilizado identidades falsas de periodistas para obtener información sensible.
El “Asadero del cuy”: red de vigilancia
Durante una audiencia comunitaria, en la que se denunció el seguimiento al líder indígena Leonidas Iza, surgieron testimonios sobre una presunta red de vigilancia coordinada por agentes estatales. Esta estructura operaba con seudónimos en un chat denominado “Asadero del cuy”, lo que refuerza las sospechas de un sistema organizado de espionaje hacia líderes sociales y periodistas.
Reacción del Gobierno y silencio oficial
La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, desestimó la veracidad de la información obtenida de los dispositivos de los agentes infiltrados, calificándola como un “rumor” al no haber pasado por un proceso judicial formal. Asimismo, evitó pronunciarse sobre la permanencia de policías en chats de prensa y sobre la posibilidad de iniciar una investigación. Lo que incrementó las dudas sobre la transparencia del Ejecutivo.
El informe del Departamento de Estado
A la polémica se sumó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Que documenta un aumento de casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y restricciones a la libertad de prensa desde el inicio del conflicto armado interno en Ecuador. Jaramillo minimizó el reporte, afirmando que el Gobierno está tomando medidas para “corregir errores”. Aunque evitó dar detalles sobre acciones concretas para frenar las violaciones de derechos humanos.
Investigación revela cifras alarmantes
Un informe titulado Operación sin rumbo, elaborado por Tierra de Nadie y CONNECTAS, confirmó el deterioro de la situación. Entre 2023 y 2024, las denuncias de tortura se cuadruplicaron (de 52 a 195 casos), las ejecuciones extrajudiciales pasaron de 6 a 19. Las desapariciones forzadas de 12 a 26. Además, se documentaron 43 desapariciones de personas detenidas en allanamientos militares, ocho de las cuales fueron encontradas sin vida.
Métodos de tortura y represión
Testimonios recogidos en la investigación revelan el uso de prácticas como el “submarino seco”. Consistente en asfixiar a los detenidos con fundas plásticas para forzarlos a dar información. Estas prácticas evidencian que la falta de preparación de las Fuerzas Armadas para operar en contextos urbanos está llevando a graves violaciones de derechos humanos.
Expertos advierten sobre “falsos positivos”
Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflicto. Advirtió que la presión por mostrar resultados está empujando a militares y policías a replicar prácticas similares a los “falsos positivos” en Colombia. Es decir, presentar cifras de efectividad en operativos a costa de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
La libertad de prensa en riesgo
La infiltración de agentes policiales en espacios de comunicación periodística representa un grave retroceso democrático. Para los gremios de prensa y organizaciones de derechos humanos, este tipo de prácticas no solo afectan la confianza entre periodistas y fuentes. Sino que sientan un precedente de espionaje institucional contra la sociedad civil
La denuncia sobre la infiltración policial en grupos de prensa, sumada a las crecientes cifras de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, coloca a Ecuador en un escenario preocupante respecto a derechos humanos y libertad de expresión. Mientras el Gobierno minimiza las evidencias y elude respuestas, la presión de la comunidad internacional y de organizaciones sociales será clave para que estos hechos no queden en la impunidad.
Fuente: Infobae
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