La denuncia del CNE por presuntas irregularidades en las cuentas de campaña del movimiento Revolución Ciudadana durante las elecciones anticipadas de 2023 fue declarada prescrita por el Tribunal Contencioso Electoral. El organismo concluyó que la acción se presentó fuera del plazo que establece la ley electoral.
La sentencia se emitió el 5 de marzo de 2026 dentro de la causa N.º 581-2025-TCE. El proceso involucró la denuncia originada desde el CNE y se dirigía contra responsables del manejo económico, dirigentes de campaña y candidatos principales y suplentes de la lista 5.
Denuncia del CNE surgió por observaciones en cuentas de campaña
El caso comenzó cuando el Consejo Nacional Electoral detectó inconsistencias en los informes de cuentas de campaña presentados por el movimiento político, lo que dio lugar a la denuncia.
Según el expediente, el organismo encontró problemas técnicos y legales en la documentación entregada por la responsable del manejo económico.
El CNE otorgó un plazo para corregir o justificar las observaciones. Tras revisar nuevamente los informes, el organismo concluyó que los problemas no se solucionaron de forma adecuada en el contexto de la denuncia levantada por las irregularidades.
Tribunal aplicó prescripción a la denuncia del CNE
Durante el análisis del proceso, la jueza del tribunal revisó el tiempo transcurrido desde que se detectaron las supuestas irregularidades hasta la presentación de la denuncia del CNE.
El Tribunal Contencioso Electoral determinó que la acción se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 304 del Código de la Democracia. Esta norma fija el límite de tiempo para denunciar infracciones electorales, incluyendo aquellas asociadas a la denuncia del CNE.
Por esta razón, el tribunal resolvió declarar prescrita la denuncia conforme a los resultados del proceso judicial.
Expediente de la denuncia rá a Contraloría y Fiscalía
Aunque el tribunal cerró el proceso electoral, la sentencia ordenó enviar el expediente elaborado sobre la denuncia del CNE a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado.
Ambas instituciones revisarán la información del caso relacionada con la denuncia presentada por el CNE. Luego decidirán si corresponde iniciar acciones dentro de sus competencias administrativas o penales.
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