Las demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa siguen acumulándose en el país. Actualmente existen 22 acciones legales presentadas ante la Corte Constitucional del Ecuador que cuestionan tanto el contenido como el proceso de aprobación de dos normas consideradas económicas urgentes.
Las reformas legales analizadas corresponden a los cambios en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y a la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Ecuador.
Demandas de inconstitucionalidad se acumulan en la Corte Constitucional
Desde su publicación en el Registro Oficial del Ecuador el 21 de febrero de 2026, la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocida como Ley de los GAD, ha recibido 18 acciones de inconstitucionalidad.
A estas se suman al menos cuatro demandas presentadas contra la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, que entró en vigencia el 2 de marzo de 2026. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han adelantado que podrían presentarse nuevas acciones legales en los próximos días.
Cambios en el financiamiento de los gobiernos locales
Uno de los principales puntos de debate es la reforma al sistema de financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, que incluye prefecturas, municipios y juntas parroquiales.
La normativa establece que estas entidades deberán destinar al menos el 65 % de su presupuesto a inversión en obras desde 2025. Este porcentaje aumentará progresivamente hasta el 68 % en 2027 y el 70 % en 2028.
Autoridades locales han advertido que la norma no contempla adecuadamente el costo del personal técnico y operativo que participa en la ejecución de los proyectos. Según indican, estos gastos no se consideran inversión dentro del cálculo presupuestario, lo que podría generar distorsiones en la contabilidad y afectar la ejecución de obras.
También existe preocupación sobre la obligación de presentar informes trimestrales de ejecución presupuestaria, ya que el incumplimiento podría derivar en sanciones o reducción de transferencias desde el Gobierno central.
demandas de inconstitucionalidad cuestionan reformas al sector minero y energético
Las demandas de inconstitucionalidad también apuntan a varios cambios introducidos en el sector minero y energético.
Entre los aspectos más cuestionados se encuentra la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental, así como la aplicación del silencio administrativo positivo, que permitiría avanzar con proyectos extractivos si la autoridad no emite una respuesta dentro del plazo establecido.
Colectivos ambientales también han alertado sobre la posibilidad de ampliar actividades extractivas en territorios sensibles, incluyendo zonas cercanas a las Islas Galápagos.
En el ámbito energético, la normativa introduce modificaciones relacionadas con la generación distribuida, el autoabastecimiento eléctrico y la creación de distritos autónomos de energía. Asimismo, abre la posibilidad de participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y organizaciones de la economía popular y solidaria en proyectos de generación eléctrica.
Análisis pendiente en la Corte Constitucional
El futuro de ambas normas dependerá del análisis que realice la Corte Constitucional del Ecuador sobre las acciones presentadas.
Hasta el momento, las ocho leyes económicas urgentes impulsadas por el gobierno han generado cerca de 80 recursos de inconstitucionalidad. De ese total, 22 corresponden específicamente a la reforma al COOTAD y a la ley minera y energética.
El pronunciamiento del máximo tribunal constitucional definirá si las disposiciones se mantienen vigentes o si deberán modificarse por posibles conflictos con la Constitución ecuatoriana.
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