Las demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa suman cerca de 80 acciones presentadas ante la Corte Constitucional. Desde el inicio de su segundo mandato el 24 de mayo de 2025, el Ejecutivo envió ocho proyectos económicos urgentes a la Asamblea Nacional. Varias de estas normas provocaron cuestionamientos de organizaciones sociales, sindicatos, colectivos indígenas, ambientalistas y actores políticos.
Hasta el momento, dos de las leyes fueron anuladas por la Corte Constitucional, mientras otras continúan en revisión. Solo las reformas al Cootad y la ley sobre minería y energía concentran casi 20 demandas.
Demandas de inconstitucionalidad marcan la agenda legal de las leyes de Noboa
El Gobierno impulsó las ocho iniciativas bajo el mecanismo de proyectos económicos urgentes, lo que permitió acelerar su trámite legislativo. La Asamblea Nacional aprobó las normas con el respaldo del oficialismo y legisladores aliados.
Sin embargo, distintos sectores consideraron que varios artículos podrían vulnerar derechos constitucionales o incluir temas que no guardan relación entre sí dentro de un mismo proyecto. Estas críticas motivaron la presentación de numerosas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Dos leyes ya fueron anuladas por la Corte Constitucional
La Corte Constitucional ya resolvió sobre dos de las normas impulsadas por el Ejecutivo.
La Ley de Integridad Pública recibió 27 demandas de inconstitucionalidad y el tribunal la declaró inconstitucional en septiembre de 2025. Entre los puntos más cuestionados estaba el aumento de penas para adolescentes que cometan delitos graves, la posibilidad de declarar en emergencia a la Función Judicial y la opción de designar jueces sin concursos de méritos.
La Ley de Solidaridad Nacional también fue eliminada tras cinco demandas. Esta normativa incluía disposiciones relacionadas con el conflicto armado interno declarado por el Gobierno.
Entre los temas que generaron debate estaban los allanamientos sin orden judicial y la posibilidad de que policías o militares procesados por hechos relacionados con su servicio no reciban prisión preventiva.
Otras leyes siguen enfrentando demandas de inconstitucionalidad
Varias de las normas aprobadas aún se encuentran bajo revisión constitucional.
La Ley de Áreas Protegidas enfrenta cuestionamientos de organizaciones indígenas y ambientales. Sus críticos sostienen que la normativa permite el ingreso de policías y militares a territorios protegidos o ancestrales sin procesos de consulta previa.
La Ley de Transparencia Social también enfrenta demandas. Los accionantes consideran que las facultades otorgadas al Estado para supervisar organizaciones sociales podrían afectar la libertad de asociación y la autonomía de estos grupos.
Ley de Inteligencia genera preocupaciones sobre vigilancia
La Ley de Inteligencia también llegó a la Corte Constitucional mediante varias demandas de inconstitucionalidad. Analistas y organizaciones civiles advirtieron que el texto otorga amplias facultades al Sistema Nacional de Inteligencia.
Entre las preocupaciones se mencionan la vigilancia digital, el acceso a bases de datos públicas y privadas, la interceptación de comunicaciones y el uso de identidades falsas por parte de agentes. La Corte decidió suspender varios artículos mientras continúa el análisis del caso.
Más de diez Demandas de inconstitucionalidad contra la ley de fortalecimiento crediticio
La Ley de Fortalecimiento Crediticio también enfrenta cuestionamientos. Hasta ahora acumula más de diez demandas de inconstitucionalidad.
Las críticas se centran en las reformas que amplían las facultades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La normativa permite nuevas operaciones financieras como la venta de cartera vencida o la gestión de créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras.
Organizaciones sociales y sindicales advierten que estos cambios podrían afectar recursos de la seguridad social.
Reformas al Cootad y ley minera concentran nuevas Demandas de inconstitucionalidad
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización también generó una ola de demandas. Hasta inicios de marzo de 2026 se registraban 13 acciones legales contra esta normativa.
La reforma establece que los gobiernos autónomos descentralizados deben destinar al menos el 65 por ciento de su presupuesto a inversión en obras desde 2025, porcentaje que aumentará en los próximos años.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía también enfrenta cuestionamientos. Hasta el 5 de marzo de 2026 se habían presentado cinco demandas de inconstitucionalidad.
Entre los puntos más discutidos se encuentran cambios en los procesos ambientales, la figura del silencio administrativo positivo para proyectos extractivos y la ampliación de actividades mineras.
La Corte Constitucional tiene la última palabra
Las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes impulsadas por el gobierno de Noboa colocan a la Corte Constitucional en el centro del debate político y jurídico.
Dos normas ya fueron anuladas, una tiene artículos suspendidos y varias siguen en revisión. Las decisiones que tome el tribunal definirán el futuro de parte de la agenda legislativa del Ejecutivo.
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