La Demanda a Ley de Puertos ha reactivado un amplio debate institucional sobre la constitucionalidad del régimen portuario ecuatoriano. El Gobierno presentó ante la Corte Constitucional sus alegatos para defender la normativa vigente, argumentando que el modelo actual garantiza una flexibilidad de gestión estatal compatible con la participación privada. Este escenario, además, expone riesgos logísticos y jurídicos que podrían repercutir en el transporte marítimo y en toda la cadena logística nacional.
Contexto legal y alcance de la demanda
La Demanda a Ley de Puertos, presentada por Contecon en abril de 2025 y admitida en octubre, cuestiona el funcionamiento de los terminales habilitados mediante autorizaciones administrativas. Según la empresa, este mecanismo genera asimetrías regulatorias, competencia desleal e inseguridad jurídica. No obstante, tanto el Ejecutivo como la Asamblea sostienen que la ley vigente permite la coexistencia de puertos estatales bajo delegación y terminales privados habilitados mediante autorizaciones, de acuerdo con lo previsto en la Constitución.
Además, el Gobierno enfatiza que Contecon confunde titularidad estatal con el modelo de gestión portuaria. Por ello, subraya que los Terminales Privados Habilitados operan bajo actos administrativos específicos y bajo supervisión estatal. En este marco, la Demanda a Ley de Puertos carecería —según las autoridades— de fundamentos sólidos que demuestren una incompatibilidad normativa real.
Argumentos del Ejecutivo y advertencias sobre riesgos operativos
El informe jurídico de la Presidencia recalca que una eventual aceptación de la Demanda a Ley de Puertos afectaría la seguridad jurídica del país y podría exponer al Estado a demandas de responsabilidad objetiva. Asimismo, implicaría riesgos directos para el transporte marítimo nacional e internacional, incidiendo en la recepción, manipulación y despacho de mercancías.
De igual manera, el Ejecutivo advierte que una declaratoria de inconstitucionalidad limitaría la potestad estatal de regular actividades portuarias de interés general. Esto sería, según el análisis oficial, jurídicamente insostenible y perjudicial para el funcionamiento equilibrado del sector.
Posición de la Asamblea y los operadores privados
La Asamblea coincide en que la Demanda a Ley de Puertos no demuestra la existencia de contradicciones constitucionales. Remarca que la coexistencia de modelos —delegaciones para infraestructura pública y autorizaciones para infraestructura privada— es plenamente legal. Incluso señala que el Estado mantiene control, rectoría y regulación sobre ambos esquemas.
Por su parte, los operadores privados argumentan que la acción judicial responde a la pérdida de competitividad de Contecon, empresa que ha reducido significativamente su movimiento de carga entre 2016 y 2024. En contraste, los terminales privados han incrementado sus volúmenes y eficiencia operativa. Para Asotep, la Demanda a Ley de Puertos busca recuperar espacio en el mercado por la vía judicial y no resolver problemas de fondo del sistema portuario.
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Fuente:
www.primicias.ec
