El origen del conflicto entre Ejecutivo y Corte
El presidente Daniel Noboa ha profundizado su confrontación con la Corte Constitucional, al punto de convertirla en su principal antagonista. Desde el inicio de su mandato, varias de sus iniciativas han sido frenadas por decisiones judiciales, lo que generó un choque directo entre ambos poderes. Leyes clave como Solidaridad Nacional, Integridad Pública y la de Inteligencia tienen artículos suspendidos por posibles vulneraciones constitucionales.
El Ejecutivo respondió con la propuesta de incluir preguntas en la consulta popular, buscando que la Asamblea tenga la facultad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte. La institución rechazó esa intención, advirtiendo que la independencia judicial quedaría comprometida y se rompería el equilibrio de poderes.
Estrategia de presión y movilización ciudadana
El Gobierno adoptó una nueva estrategia: las marchas. El 12 de agosto, Noboa encabezó una movilización hacia la sede de la Corte Constitucional en Quito. La protesta contó con transporte, refrigerios y vallas con los nombres de los jueces, acusándolos de frenar la paz del país.
Aunque no se ha aclarado su financiamiento, esta acción evidenció el intento del Ejecutivo de ejercer presión política directa sobre el máximo órgano constitucional.
Nuevas preguntas dirigidas a la Corte
Noboa reforzó la ofensiva al incluir dos preguntas adicionales en la consulta popular. La primera plantea elevar de cinco a seis los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de sus decretos o leyes. La segunda propone consultar al pueblo sobre una futura ley que reestructure las competencias de la Corte.
Expertos en derecho constitucional como José Chalco y Gonzalo Muñoz cuestionan la validez de estas iniciativas. Consideran que no solo generan un desbalance en el sistema de control, sino que además buscan dirigir la consulta contra una institución específica, lo cual contradice la naturaleza misma del mecanismo.
El trasfondo político del enfrentamiento
Más allá de los argumentos jurídicos, la pugna tiene un claro trasfondo político. Noboa ha señalado que la Corte impide avanzar en su agenda de seguridad y reformas, y la ha vinculado con la protección de delincuentes, narcotraficantes y violadores, en un discurso que apela directamente al sentimiento ciudadano.
De acuerdo con la consultora política Pamela León Andriuoli, Noboa eligió a la Corte como enemigo por tres motivos: es el único contrapeso real a su poder, es percibida como una institución distante por la ciudadanía y su enfrentamiento le permite transformar la consulta en un plebiscito sobre su liderazgo.
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