El Gobierno de Daniel Noboa solicitó a la Corte Constitucional una prórroga de 15 días hábiles para entregar el texto completo en inglés del acuerdo de inversiones firmado con Emiratos Árabes Unidos, debido a errores detectados en su traducción al español.
El tratado fue suscrito en diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en etapa de control constitucional, proceso que ha generado observaciones técnicas y críticas desde sectores sociales.
Pedido formal de prórroga de Daniel Noboa
La solicitud fue presentada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia ante la jueza Claudia Salgado, quien asumió la causa el 15 de enero. Días antes, la magistrada había requerido al Ejecutivo que remita el texto íntegro en inglés del acuerdo en un plazo de tres días.
El Gobierno explicó que el retraso responde a coordinaciones pendientes con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, necesarias para remitir la documentación corregida.
Correcciones al texto del tratado
En paralelo al pedido de prórroga, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 294, mediante el cual autorizó la firma de una fe de erratas del acuerdo. El documento original presentaba errores de forma y ortográficos producto de la traducción al español.
Según el decreto, estas imprecisiones no alteran el contenido ni la intención del tratado, pero requieren corrección antes de continuar con su análisis constitucional.
Plazos y efectos legales
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que la Corte Constitucional tiene 30 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad del tratado, una vez publicado en el Registro Oficial.
Durante los primeros diez días, la ciudadanía puede intervenir para defender o impugnar el contenido. Si la Corte no se pronuncia dentro del plazo, se entenderá que existe un informe favorable y el tratado avanzará a la instancia legislativa.
Objetivos del acuerdo de inversiones de Daniel Noboa
El Ejecutivo sostiene que el acuerdo busca fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversión extranjera y reducir el riesgo país. El tratado apunta a incentivar inversiones en sectores como infraestructura, energía, logística, turismo, agroindustria y tecnología.
Entre 2013 y 2024, Emiratos Árabes Unidos ha invertido aproximadamente 880.000 dólares en Ecuador en sectores no petroleros, principalmente en manufactura y comercio.
Cuestionamientos por arbitraje internacional
Desde la sociedad civil se han expresado preocupaciones por los mecanismos de resolución de conflictos contemplados en el acuerdo. Christian Pino, exintegrante de la extinta Caitisa, advirtió que el arbitraje internacional podría contravenir el artículo 422 de la Constitución.
Esta norma prohíbe que el Estado ceda jurisdicción soberana en disputas con empresas privadas, restricción que fue ratificada por la ciudadanía en la consulta popular de abril de 2024.
Antecedentes y riesgos financieros
Expertos recuerdan que Ecuador ha enfrentado cerca de 30 demandas internacionales en tribunales de arbitraje, lo que ha significado pagos aproximados de 1.700 millones de dólares a inversionistas extranjeros.
En alrededor de la mitad de esos casos, los fallos fueron favorables a las empresas demandantes, generando impactos significativos en las finanzas públicas.
Postura del Gobierno de Daniel Noboa
La Administración de Daniel Noboa sostiene que el tratado no requiere aprobación de la Asamblea Nacional, ya que no compromete temas territoriales, derechos constitucionales ni atribuye competencias a organismos internacionales.
La Corte Constitucional deberá resolver si el acuerdo cumple con la Carta Magna, una vez que el Ejecutivo entregue el texto corregido.
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