La Corte Constitucional admitió únicamente dos de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular, lo que supone un revés para su Gobierno.
Un fallo que altera la hoja de ruta del Ejecutivo
El 4 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional resolvió que solo dos de las preguntas de la consulta popular del presidente Daniel Noboa podían seguir adelante bajo esa vía. El resto deberá tramitarse mediante enmienda o reforma parcial, un proceso más largo y con mayores filtros.
El resultado golpea la agenda del Ejecutivo y aumenta la tensión entre Carondelet y el máximo órgano de control constitucional.
Un conflicto con la Corte que no se disipa
Desde inicios de agosto, la relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional se ha deteriorado. El desencuentro comenzó tras la suspensión de artículos clave de tres leyes urgentes impulsadas por el Ejecutivo.
En respuesta, Noboa acusó a los jueces de bloquear su gestión y los responsabilizó por el auge de la criminalidad. Posteriormente, envió las preguntas de la consulta popular, entre ellas la contratación por horas en turismo, la reducción de asambleístas y la eliminación del CPCCS. La Corte solo dio paso a las dos primeras.
A estas se suman dos propuestas que deberán tramitarse por reforma: eliminar la prohibición de bases militares extranjeras y modificar la obligación estatal de financiar a las organizaciones políticas.
Expertos analizan los posibles escenarios
Pablo Medina, docente de la Universidad San Francisco de Quito, considera que Noboa puede sacar provecho de las preguntas relacionadas con la reducción de asambleístas y el financiamiento a partidos, dado que suelen ser bien recibidas por la ciudadanía.
Por su parte, Santiago Cahuasquí, investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, prevé que el Presidente priorizará un discurso contra los jueces de la Corte más que en el contenido de las preguntas. Advierte, sin embargo, que esa estrategia resulta riesgosa para la institucionalidad democrática.
Medina agrega que Noboa necesitaba un adversario que le permita fortalecer la imagen de un Gobierno joven y decidido. Aunque ello implique tensionar la relación con el sistema judicial.
Una estrategia sin consensos
En la convención nacional de ADN, en Guayaquil, Noboa insistió en que no dialogará “con quienes ya fracasaron” y que su prioridad es hablar directamente con la ciudadanía.
Cahuasquí sostiene que esa postura no resuelve los problemas de gestión, como la crisis sanitaria marcada por la escasez de medicinas y equipos. O la polémica por la licencia ambiental otorgada a una minera en Quimsacocha, Azuay.
Estos conflictos han activado a organizaciones sociales que comienzan a aglutinar el descontento. Como contrapeso, el Ejecutivo convocó a una marcha el 11 de septiembre, aunque no ha aclarado su objetivo.
Giro hacia un nuevo adversario
La especialista en comunicación política Caroline Ávila interpreta el silencio de Noboa frente al fallo de la Corte como una señal de que busca un nuevo enemigo político. En su criterio, ese adversario podría ser el crimen organizado, un tema que conecta con la principal preocupación ciudadana.
Fuente: Ecuavisa
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