El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en cuatro provincias del país: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 76, fue firmada el miércoles 6 de agosto de 2025 desde la ciudad de Guayaquil. Tendrá una vigencia de 60 días.
La decisión presidencial se enmarca en la situación de grave conmoción interna. Esta es provocada por la intensificación de hechos violentos como asesinatos, ataques armados, narcotráfico y otras actividades delictivas. Dichas actividades son protagonizadas por grupos armados organizados, en medio del actual conflicto armado interno que enfrenta Ecuador.
Derechos constitucionales suspendidos
El estado de excepción implica la suspensión temporal de dos derechos constitucionales fundamentales: la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esta suspensión tiene el objetivo de dar mayores facultades operativas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Así enfrentarán a las estructuras criminales que operan en estos territorios.
- En cuanto a la inviolabilidad del domicilio, el decreto permite realizar allanamientos, inspecciones y requisas en lugares donde se presuma la presencia de grupos delictivos. Esto facilita el decomiso de armas, drogas o cualquier elemento vinculado a actividades ilícitas.
- Respecto a la inviolabilidad de correspondencia, las autoridades podrán intervenir, recopilar y analizar comunicaciones físicas y electrónicas. Estas acciones son para identificar nexos criminales y desarticular redes de apoyo logístico y financiero de las organizaciones delictivas.
Violencia en aumento: Manabí y Los Ríos en alerta
El decreto presidencial incluye un análisis comparativo de las cifras de muertes violentas entre 2024 y 2025, evidenciando un panorama preocupante en varias provincias:
- Manabí registra un incremento del 239% en muertes violentas. Esto ocurrió en el periodo del 11 de julio al 3 de agosto de 2025, en comparación con el mismo lapso del año anterior.
- Los Ríos presenta un aumento del 55% en homicidios durante ese mismo período.
Por otro lado, en contraste con este incremento, se reportan reducciones de muertes violentas en El Oro y Guayas. En El Oro, las muertes cayeron un 20%, y en Guayas un 15% respectivamente. Sin embargo, el Gobierno considera que el riesgo se mantiene latente. Es necesaria una intervención estatal contundente para evitar el rebrote de violencia.
Contexto del conflicto y operativos de seguridad
La declaratoria ocurre en medio de operativos de requisa y control. Estos operativos se han desplegado a nivel nacional. Uno reciente se realizó en la cárcel de Guaranda (provincia de Bolívar), donde militares realizaron inspecciones con el objetivo de prevenir nuevos brotes de violencia carcelaria. Además, intentan desmantelar redes delictivas que operan desde centros penitenciarios.
Uno de los incidentes que habría motivado esta acción es un ataque armado ocurrido en Guayaquil. Este ataque fue contra vehículos de dos mayores de la Policía Nacional. Dicho suceso reactivó las alertas sobre presuntas retaliaciones de redes vinculadas al narcotraficante fallecido Leandro ‘El Patrón’ Norero.
Medida se enmarca en estrategia integral del Ejecutivo
Este nuevo estado de excepción forma parte de la estrategia de seguridad que impulsa el presidente Daniel Noboa. Él ya ha decretado varias veces medidas similares en distintas provincias desde que asumió el poder en noviembre de 2023. La intención es recuperar el control de territorios disputados por bandas criminales. Así garantizarán la seguridad ciudadana y reforzarán la presencia estatal en zonas vulnerables.
El Gobierno insiste en que esta medida es temporal, focalizada y constitucional. Esta busca generar las condiciones necesarias para restablecer el orden y la paz en las provincias afectadas.
La declaratoria de estado de excepción en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro responde a la escalada delictiva. Esta situación golpea fuertemente a estas zonas del país. El presidente Daniel Noboa opta por una estrategia de fuerza, permitiendo operativos más amplios. Así un mayor control sobre espacios y comunicaciones sospechosas es posible. A pesar de algunas mejoras puntuales en ciertos territorios, la lucha contra las bandas organizadas sigue siendo uno de los mayores desafíos del Gobierno actual.
Fuente: Primicias.ec
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