El aumento de la gravedad de los siniestros de tránsito ya no solo afecta a las carreteras, sino también al sistema de salud pública y a la economía de miles de familias ecuatorianas. La siniestralidad vial se ha convertido en una crisis estructural que exige respuestas urgentes y sostenidas.
Hospitales bajo presión por accidentes de tránsito
Durante el reciente feriado de mayo de 2026, varios siniestros viales dejaron fallecidos y heridos en distintas zonas del país, incluyendo Quito y la autopista General Rumiñahui. Estas escenas se repiten diariamente con ambulancias, emergencias saturadas y hospitales públicos recibiendo pacientes de forma constante.
Actualmente, uno de cada cuatro pacientes atendidos en emergencias públicas llega por un siniestro de tránsito. Según datos del Ministerio de Salud Pública procesados por la Coalición Movilidad Segura, estas atenciones representaron el 26% en 2025 y el 25% en enero de 2026. Esto convierte a los accidentes viales en la segunda causa de atención médica en la red pública, solo detrás de los eventos clínicos.
Menos accidentes, pero más graves y mortales
Aunque entre 2021 y 2025 los siniestros viales registrados por la Agencia Nacional de Tránsito disminuyeron 4,7%, el número de heridos y fallecidos aumentó. Esto revela una realidad preocupante: hay menos choques, pero son mucho más severos.
En 2024, la Agencia Nacional de Tránsito reportó 2 302 fallecidos en el lugar del accidente, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos registró 4 108 muertes relacionadas con siniestros viales. Esto significa que el 44% de las víctimas falleció después del impacto, durante el traslado o en hospitales, aumentando la carga sobre el sistema sanitario.
El costo económico supera los 5 000 millones de dólares
La crisis vial también golpea duramente a la economía nacional. Según estimaciones del Banco Mundial, Ecuador pierde 5 482 millones de dólares al año por siniestralidad de tránsito, una cifra equivalente al 5,02% del Producto Interno Bruto.
Solo la atención directa a víctimas representa cerca de 280 millones de dólares anuales para el Estado, entre atención médica, compensaciones y costos administrativos. A esto se suman los gastos familiares: endeudamiento, venta de bienes y pérdida de ingresos tras enfrentar lesiones graves o fallecimientos dentro del hogar.
Las causas van más allá de la imprudencia
Reducir el problema únicamente a la conducta del conductor resulta insuficiente. Estudios de la Escuela Politécnica Nacional muestran que los siniestros más graves ocurren con mayor frecuencia en zonas rurales, durante la madrugada y en la Amazonía.
Factores como carreteras deterioradas, poca iluminación, exceso de velocidad, escaso control y tiempos de respuesta más largos influyen directamente en la mortalidad. Además, se han identificado varios tramos viales en mal estado durante años consecutivos, lo que incrementa significativamente el riesgo de tragedias.
Ecuador necesita una política integral de seguridad vial
Las campañas ocasionales de prevención ya no son suficientes. El país necesita una política integral que combine infraestructura segura, fiscalización permanente, atención prehospitalaria eficiente y sistemas de datos unificados.
Mientras no exista una estrategia estructural, Ecuador seguirá enfrentando fallecidos evitables, hospitales saturados y una economía golpeada por una crisis que ya dejó de ser solo un problema de tránsito para convertirse en una emergencia nacional.
Fuente: El Comercio
Te puede interesar:
Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus en América: Qué es, Cómo Se Contagia y Cómo Prevenirlo
