Cada mes, millones de trabajadores ecuatorianos realizan aportes obligatorios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Lo hacen con la confianza de que, ante una enfermedad o urgencia, recibirán atención médica completa sin tener que asumir gastos adicionales. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de esa expectativa. La crisis financiera del Fondo del Seguro General de Salud Individual y Familiar ya no es solo un dato contable. Se ha transformado en una carga y crisis económica que soportan día a día los asegurados.
Proyección de déficit para 2026
Las cifras presupuestarias revelan la magnitud del desequilibrio. Para este año, el fondo de salud del IESS proyecta recaudar 1.617 millones de dólares. No obstante, se estima que necesitará 2.185 millones de dólares para cubrir consultas, hospitalizaciones, cirugías, medicamentos y exámenes médicos. El resultado es un déficit proyectado de 568 millones de dólares.
En términos sencillos, por cada dólar que ingresa al sistema, se requieren 1,35 dólares para atender la demanda. Esto significa que los ingresos apenas cubren tres cuartas partes del gasto necesario. Según el economista Andrés Rodríguez Verdesoto, este desfase no es repentino. Responde a factores como el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas, el encarecimiento de insumos médicos y un crecimiento más lento de la base de aportantes.
El costo individual: unos $150 anuales adicionales
Si se distribuye el déficit entre los 3,8 millones de afiliados que financian este seguro, la brecha equivale a unos 150 dólares por persona al año. No se trata de un cobro directo, sino del valor que el sistema deja de tener disponible para brindar cobertura. En la práctica, ese monto se traduce en gastos de bolsillo: farmacias desabastecidas, listas de espera prolongadas y servicios privados como alternativa.
Como explica el consultor Rubén López, esa cifra es solo el punto de partida. Comprar medicinas que no hay en el IESS puede costar entre 80 y 250 dólares anuales. Acudir a especialistas privados suma entre 80 y 120 dólares. Los exámenes diagnósticos pueden representar entre 100 y 350 dólares, mientras que gastos de traslado o tiempo perdido por esperas añaden otros 50 a 200 dólares. En conjunto, el gasto adicional puede oscilar entre 490 y 1.150 dólares al año, sin incluir tratamientos complejos.
¿Cómo funciona este fondo?
El sistema opera bajo un modelo de reparto, no de ahorro. Los recursos que ingresan por aportes se utilizan casi de inmediato para cubrir los servicios del momento. Cuenta con tres fuentes de financiamiento: aportes de trabajadores, aportes de empleadores y transferencias del Estado. Sin embargo, el desembolso estatal depende de procesos de auditoría que suelen demorarse. Esta falta de liquidez genera una cadena de retrasos en pagos a proveedores, clínicas y centros de salud.
Es importante aclarar que los fondos son independientes: el dinero de pensiones no puede usarse para cubrir el déficit de salud, y viceversa. Solo existen apoyos temporales de fondos administrativos, que no resuelven el problema de fondo.
Posibles reformas para recuperar sostenibilidad
Para revertir esta crisis, expertos plantean medidas estructurales. Entre ellas: establecer un cronograma de pago de la deuda estatal, garantizar transferencias oportunas, revisar la distribución de aportes, evaluar incrementos graduales de contribuciones, reducir gastos innecesarios, adaptar el modelo a los cambios demográficos y modernizar la gestión mediante tecnología y digitalización. Solo reformas integrales podrán devolver al sistema su capacidad de respuesta y evitar que el costo siga recayendo en los afiliados.
Fuente: La Hora
