La situación sanitaria y estructural en la Penitenciaría del Litoral ha alcanzado niveles alarmantes, con un reporte reciente del Ministerio de Salud Pública que identifica 553 casos de tuberculosis entre los internos. Este brote es apenas un síntoma de un problema mucho más amplio: la combinación de hacinamiento extremo, condiciones insalubres, falta de atención médica y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Condiciones sanitarias críticas
Un informe judicial de ocho páginas, al que tuvo acceso Televistazo, detalla el estado deplorable del pabellón 7, donde se concentra la mayor cantidad de enfermos de tuberculosis. La descripción del lugar incluye excrementos de roedores, alcantarillas rebosadas, ausencia de agua potable y energía eléctrica. Las celdas no están acondicionadas para albergar seres humanos en condiciones dignas, lo que favorece la propagación de enfermedades respiratorias y contagiosas como la tuberculosis.
Hacinamiento extremo como detonante
La Penitenciaría del Litoral fue construida para albergar a 3.909 personas, pero actualmente tiene 6.922 privados de libertad, una sobrepoblación que supera el 77%. Esta saturación dificulta no solo la atención médica oportuna, sino también la posibilidad de aislar a los internos infectados, como se requiere en los casos de tuberculosis. El contacto continuo entre reos sanos y enfermos sin medidas de bioseguridad acelera el contagio.
Ausencia de atención médica y medicamentos
El informe revela que desde hace tres meses los familiares no han podido ingresar medicinas, colchones ni alimentos suplementarios. No hay médicos permanentes en el recinto, ni se ha suministrado la medicación básica para tratar a los pacientes con tuberculosis. Esta situación agrava la condición de los enfermos y representa una amenaza a la salud pública penitenciaria.
Vulneración de derechos legales y humanos
Los privados de libertad tampoco tienen acceso a sus abogados ni a visitas familiares desde noviembre de 2024. No hay información sobre los traslados de presos, y el acceso a los programas educativos, culturales o recreativos es inexistente. Los reos no salen al patio ni participan en procesos de rehabilitación, lo cual viola los ejes fundamentales del sistema penitenciario ecuatoriano.
Además, el informe menciona la falta de condiciones para personas con discapacidad, lo que evidencia un incumplimiento de los principios mínimos de protección establecidos por normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
Falta de transparencia de las instituciones estatales
Según el informe judicial, tanto el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) como las Fuerzas Armadas han entregado información escasa e imprecisa sobre los protocolos que aplican para prevenir la tortura y los malos tratos dentro del centro carcelario. La opacidad institucional ha sido uno de los factores que impide atender de forma eficiente esta emergencia penitenciaria.
Acciones urgentes solicitadas
La Defensoría del Pueblo, colectivos de derechos humanos y jueces de Garantías Penitenciarias han ingresado recientemente al penal para constatar la situación. Las observaciones fueron remitidas a diversas carteras de Estado con el fin de implementar medidas correctivas urgentes. Sin embargo, hasta la fecha no se han conocido respuestas concretas que indiquen la solución a esta crisis.
Un riesgo sanitario y humanitario de grandes proporciones
La situación en la Penitenciaría del Litoral no solo representa una violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, sino que también constituye un grave riesgo sanitario que podría tener repercusiones fuera del sistema carcelario. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que requiere tratamiento inmediato, y el abandono estatal podría generar una crisis mayor si no se adoptan medidas inmediatas.
📌 Fuente: Ecuavisa
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