Un fallo judicial histórico
Costa Rica liberará a migrantes deportados por Trump, tras una resolución emitida este martes por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Este fallo responde parcialmente a un recurso de amparo presentado en marzo de 2025, y obliga al Gobierno a definir el estatus migratorio de los afectados en un plazo de 15 días. Esta medida marca un precedente jurídico relevante y pone en el centro del debate los derechos fundamentales de personas desplazadas por acuerdos políticos controversiales.
Migrantes afectados por un acuerdo cuestionado
El grupo está compuesto por aproximadamente 200 migrantes provenientes de Afganistán, Irán, Rusia y países africanos. Entre ellos se cuentan 80 menores de edad. Todos llegaron a Costa Rica en febrero de 2025, tras un acuerdo bilateral entre el expresidente Donald Trump y el actual mandatario costarricense, Rodrigo Chaves. A pesar de las críticas de organismos internacionales, este pacto permitió su reubicación en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), ubicado cerca de la frontera con Panamá.
Derechos humanos en juego
Durante su reclusión, varios migrantes denunciaron condiciones restrictivas y falta de claridad sobre su situación jurídica. A pesar de que en abril se les permitió movilizarse libremente fuera del centro, aún permanecen 28 personas en Catem, 13 de ellos menores. En este contexto, Costa Rica liberará a migrantes deportados por Trump, como respuesta a la presión judicial y social.
Asistencia estatal requerida
El fallo también exige a las autoridades costarricenses evaluar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y otras áreas sociales requieren los migrantes. La decisión cobra mayor relevancia al producirse un día antes de la visita oficial de la secretaria de Seguridad Interior de EE. UU., Kristi Noem. Su presencia en el país incluirá un recorrido por el centro migratorio Los Lagos, cercano a San José.
Implicaciones regionales
La decisión de que Costa Rica liberará a migrantes deportados por Trump podría tener consecuencias diplomáticas y humanitarias más allá de sus fronteras. El mismo acuerdo permitió también la deportación de 300 migrantes a Panamá y de 252 venezolanos a El Salvador, donde muchos fueron acusados sin pruebas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
Un precedente legal para proteger vidas
Este caso, además de ordenar la liberación inmediata, establece un precedente legal para impedir acuerdos futuros que vulneren derechos fundamentales. Una mujer afgana, entrevistada en marzo, declaró que su retorno significaría una condena a muerte por parte de los talibanes. Por eso, el anuncio de que Costa Rica liberará a migrantes deportados por Trump representa no solo una resolución judicial, sino una victoria parcial en la defensa de los derechos humanos.
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