El operativo policial más grande y violento en la historia de Río de Janeiro, realizado contra el grupo criminal Comando Vermelho, ha generado una fuerte reacción dentro y fuera del país, poniendo a Brasil en el centro de la polémica internacional. La Corte Suprema de Brasil solicitó este 29 de octubre de 2025 una audiencia con el gobernador Cláudio Castro. Esto es para que explique los detalles de la intervención que dejó más de un centenar de muertos.
Audiencia judicial por las muertes registradas
El magistrado Alexandre de Moraes ordenó que el gobernador Castro se presente el 3 de noviembre en Río de Janeiro para rendir cuentas sobre el operativo. La Corte pidió conocer el número exacto de fallecidos y heridos. También pidió el reporte oficial de las acciones y las medidas adoptadas para atender a las víctimas y sus familias.
La decisión se apoya en un fallo previo de la Corte Suprema que fijó nuevas reglas para los operativos policiales en las favelas. Esto tiene como fin evitar violaciones a los derechos humanos. En este contexto, el tribunal busca determinar si el Gobierno de Río cumplió con esos protocolos. También investiga si hubo excesos durante la intervención en Brasil.
La operación más sangrienta de Río de Janeiro
El operativo, realizado el martes 28 de octubre, dejó un saldo que aún genera confusión. Según la Defensoría Pública regional, se registraron 132 muertes, mientras que el Gobierno estatal solo ha confirmado 119 fallecidos.
Entre las víctimas hay cuatro policías, según confirmó el propio gobernador, quien calificó el operativo como un “éxito”. Sin embargo, las imágenes de decenas de cuerpos en las calles han provocado conmoción en la sociedad brasileña.
La policía afirmó que el objetivo era desmantelar redes del narcotráfico del Comando Vermelho, organización que domina parte del tráfico de drogas y armas en Brasil. Durante la redada, se incautaron fusiles de asalto, municiones y vehículos.
Reacciones del Gobierno Federal
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, expresó su preocupación por la magnitud del operativo. También cuestionó su legalidad. Señaló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó “aterrado” por el número de muertes. Además, estaba sorprendido al no haber sido informado con anticipación sobre la intervención en Brasil.
Lewandowski adelantó que el Gobierno Federal podría evaluar sanciones o medidas correctivas. Esto ocurriría en caso de que se confirme que no se respetaron los derechos humanos durante la acción policial en Brasil.
Debate nacional sobre el uso de la fuerza
El megaoperativo ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial en Brasil. Especialmente en las favelas, donde viven millones de personas en condiciones de pobreza. Organismos de derechos humanos han pedido investigaciones independientes. Además, han denunciado una respuesta desproporcionada del Estado frente al crimen organizado en Brasil.
En redes sociales y medios locales, la opinión pública se mantiene dividida: algunos respaldan la dureza de las acciones policiales. Por otro lado, otros exigen responsabilidad y transparencia ante la pérdida masiva de vidas.
Fuente: El Universo
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