La Corte Constitucional anula la Ley de Integridad Pública
El Gobierno de Daniel Noboa despidió a 1.244 servidores públicos con nombramiento permanente desde el 25 de julio de 2025. Basó esta decisión en la Ley de Integridad Pública. Sin embargo, el 26 de septiembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa ley, junto con su reglamento.
A pesar de esta decisión, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que el fallo no tiene efecto retroactivo en temas laborales. Por tanto, los servidores públicos despedidos no volverán a sus cargos.
La norma técnica que permitió los despidos ya no está vigente
El Ministerio del Trabajo publicó una resolución que autorizaba la supresión de puestos. Esta norma apareció en el Registro Oficial el 24 de julio, un día antes del anuncio oficial del Gobierno sobre la eliminación de hasta 5.000 plazas.
La resolución se apoyó en la Ley de Integridad Pública. Como esta norma ya no tiene validez, la resolución también quedó eliminada. Aun así, Núñez aclaró que la supresión de cargos sigue permitida en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que no fue modificado. Esto afecta directamente a los servidores públicos despedidos.
¿Por qué no pueden regresar los servidores públicos despedidos?
Según la ministra Núñez, los despidos se realizaron conforme a la ley vigente en ese momento. La Corte eliminó la norma después, por lo que no se pueden revertir los efectos anteriores. “Lo que se hizo, ahí murió; no se puede volver a hacer”, declaró.
Esto implica que los servidores públicos despedidos deben aceptar su desvinculación, ya que la sentencia no cambia las decisiones pasadas.
¿Qué instituciones sufrieron más recortes?
Los despidos afectaron a varias entidades públicas. El Ministerio de Educación registró la mayor pérdida de personal, con 100 trabajadores fuera de la institución. También hubo recortes en la Presidencia, ministerios, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Aduana (Senae), y otros organismos de control.
Un total de 106 empleados pertenecían a entidades fusionadas como el Ministerio del Ambiente, el de Energía, la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Vivienda, destacándose entre los servidores públicos despedidos.
Costo de los despidos para el Estado
El Gobierno destinó USD 25 millones en indemnizaciones para cubrir los despidos. Solo en el caso del Ministerio de Educación, las compensaciones sumaron USD 3,6 millones.
Este plan forma parte de una estrategia de eficiencia administrativa. El Ejecutivo busca reducir el tamaño del Estado y mejorar la gestión pública mediante fusiones y recortes que incluyeron a muchos servidores públicos despedidos.
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