La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado ecuatoriano sobre el otorgamiento de medidas provisionales a favor del exvicepresidente Jorge Glas, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. La decisión fue comunicada el lunes 3 de noviembre de 2025. Tiene como objetivo proteger los derechos a la salud, la integridad personal y la vida del exfuncionario, quien cumple condena por delitos de corrupción.
Según el documento emitido por la Corte, el Estado debe garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica permanente a Glas. Además, debe permitir las visitas de familiares, abogados y médicos de confianza. Estas medidas se adoptan tras una solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio pasado, ante lo que calificaron como un “riesgo cierto de daño irreparable”.
Condiciones de reclusión bajo escrutinio internacional
El organismo internacional instó a Ecuador a mantener activas las garantías de protección y supervisión sobre el estado de salud de Glas. Él se encuentra recluido en un entorno de máxima seguridad desde abril de 2024. La Corte determinó que las condiciones carcelarias y el acceso limitado a servicios médicos podrían poner en peligro su bienestar físico y mental.
Pese a las recomendaciones, la Corte no aceptó el pedido de la defensa para trasladar a Glas a un régimen de arresto domiciliario terapéutico ni a otro centro penitenciario. Argumentaron que el Estado ecuatoriano puede cumplir las disposiciones dentro de la misma infraestructura penitenciaria. Deben adoptar las medidas adecuadas de atención.
Antecedentes del caso y contexto político
Jorge Glas, exvicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, fue detenido tras un polémico asalto policial a la Embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024. En aquel entonces, Glas se encontraba bajo asilo diplomático otorgado por el gobierno mexicano. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática para capturarlo, hecho que generó una crisis diplomática de gran magnitud.
El exfuncionario fue trasladado a La Roca, una prisión de máxima seguridad destinada a internos considerados de alto riesgo. Desde entonces, su defensa ha denunciado presuntas vulneraciones a los derechos humanos y falta de atención médica oportuna. Estas denuncias motivaron a la CIDH a solicitar medidas urgentes ante la Corte IDH.
Obligaciones del Estado ecuatoriano
La resolución establece que Ecuador deberá presentar informes periódicos a la Corte sobre el cumplimiento de las disposiciones. Deben detallar el estado de salud del detenido y las acciones implementadas para salvaguardar sus derechos fundamentales. Asimismo, se dispuso la activación de una Mesa Técnica de Salud encargada de supervisar la atención médica de Glas.
Estas medidas provisionales se consideran de carácter urgente y vinculante, por lo que el Estado ecuatoriano tiene la obligación legal de cumplirlas de manera inmediata. De no hacerlo, podría enfrentar nuevas observaciones y sanciones internacionales por incumplimiento de resoluciones de derechos humanos.
Reacciones y posiciones encontradas
La abogada Sonia Vera, defensora de Jorge Glas, confirmó la notificación a través de su cuenta en la red social X. Destacó que la resolución representa “un reconocimiento al riesgo real que enfrenta su cliente”. Sin embargo, desde distintos sectores políticos se han manifestado opiniones divididas. Mientras algunos consideran la medida como un acto humanitario necesario, otros critican lo que interpretan como una injerencia en las decisiones judiciales del país.
El caso de Glas continúa generando debate en el ámbito político y jurídico ecuatoriano. Esto marca un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y los organismos internacionales de derechos humanos.
Fuente: DW Español
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