Balance de fallos y su impacto
Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia en 2023, la Corte Constitucional ha emitido 36 decisiones relevantes. Un 47% favorecieron al Ejecutivo y un 19% resultaron negativas. El resto incluyó dictámenes parciales o con ajustes. Aunque el discurso oficial ha endurecido el tono contra los magistrados, las cifras muestran que, en general, las resoluciones han respaldado varias de las iniciativas del gobierno.
Casos emblemáticos en debate
Entre las decisiones más polémicas están las relacionadas con las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. La Corte admitió a trámite cinco demandas ciudadanas y suspendió de forma temporal 17 artículos por posibles vulneraciones de derechos. Este hecho detonó la tensión política y motivó a Noboa a convocar una marcha en Quito.
Corte Constitucional frente a estados de excepción
De 17 decretos y renovaciones emitidos por el Ejecutivo, diez obtuvieron aprobación. Cuatro fueron aceptados con cambios, y dos se negaron por falta de motivación. Pese a ello, los magistrados han advertido al gobierno sobre el uso reiterado del estado de excepción por conflicto interno, sin sustento claro.
Rechazos a propuestas y medidas
El organismo negó la suspensión de la exvicepresidenta Verónica Abad, así como reformas parciales a la Constitución relacionadas con prisión preventiva y personas privadas de libertad. Estas resoluciones mostraron que, aunque hay respaldo, también existe un límite a la discrecionalidad presidencial.
Proyecciones y causas pendientes
Aún restan cinco casos controvertidos por resolver, varios con implicaciones políticas significativas. El escenario sugiere que la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional seguirá siendo un punto central en la agenda nacional, con un clima de confrontación que podría escalar en los próximos meses. La definición de estos expedientes podría influir en reformas legales, en la estabilidad del gabinete y en la estrategia de Noboa de cara a un eventual nuevo referendo.
Además, las decisiones futuras marcarán un precedente sobre el alcance del control constitucional frente a las facultades extraordinarias que busca el Ejecutivo. Esto mantiene en expectativa a sectores políticos, organizaciones sociales y a la ciudadanía, que observan con atención cada pronunciamiento del máximo órgano judicial.
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