En una reciente decisión, la Corte Constitucional ha rechazado el pedido de aclaración realizado por Petroecuador en relación con el cierre del Bloque ITT. Este rechazo se basa en que la solicitud llegó fuera de plazo y fue considerada improcedente. La solicitud original, presentada en mayo de 2023 durante la administración de Guillermo Lasso, pedía una extensión del plazo de un año dado para el cierre y desmontaje del bloque.
La Corte Constitucional niega pedido de aclaración de Petroecuador sobre cierre del ITT
Petroecuador presentó una solicitud para aclarar el plazo de un año para el cierre del ITT. Sin embargo, la Corte Constitucional la declaró improcedente, argumentando que llegó después de emitir la sentencia. La Corte estableció que la explotación del bloque debía cesar y que todas las actividades relacionadas con la extracción de petróleo debían desmontarse progresivamente en un plazo no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales de la consulta popular.
Petroecuador argumentó que el tiempo otorgado para el cierre era insuficiente para llevar a cabo todas las tareas necesarias. Esto incluyendo el apagado de pozos, el desmontaje de infraestructuras y la revegetación. Sin embargo, la Corte determinó que la solicitud de ampliación llegó demasiado tarde, ya que la sentencia había sido emitida semanas antes de la solicitud.
![La Corte Constitucional rechazó el pedido de Petroecuador para aclarar el plazo de cierre del ITT, imponiendo una decisión irreversible.](https://panoramaecuador.com/wp-content/uploads/2024/07/65b043b620694_2.png)
Petroecuador y el cuestionamiento del plazo establecido por la Corte Constitucional
El pedido de aclaración de Petroecuador solicitaba detalles sobre las consideraciones técnicas que llevaron a la Corte a establecer el plazo de un año para el cierre del ITT. La empresa estatal argumentó que cumplir con los requerimientos en el tiempo estipulado resultaba impracticable, dada la magnitud de las tareas involucradas.
El Ministerio de Energía y Minas explicó que el pedido no buscaba una extensión del plazo. La razón fue una aclaración sobre las razones técnicas detrás del término fijado. A pesar de este esfuerzo, la Corte decidió que la solicitud era improcedente porque Petroecuador no envió la solicitud de manera prolija y no proporcionó información completa sobre los costos y efectos del cierre.
Gobierno actual y el cumplimiento del cierre del ITT
El actual Gobierno de Daniel Noboa ha afirmado que no ha presentado nuevos pedidos a la Corte Constitucional sobre el ITT. En lugar de eso, se está trabajando en cumplir con el resultado de la consulta popular que determinó el cierre del bloque. Según el Ministerio de Energía y Minas, la administración actual se apega a las directrices establecidas. Además, está comprometida con la implementación del resultado de la consulta.
El Gobierno de Noboa enfrenta el desafío de cumplir con el cierre del ITT dentro del plazo estipulado por la Corte. Esto, a pesar de las dificultades prácticas y financieras asociadas. Las distintas interpretaciones sobre el plazo para el cierre sugieren que el cumplimiento podría extenderse hasta mediados de febrero de 2025. Esta situación depende de la interpretación de la notificación de los resultados oficiales.
Consecuencias económicas y desafíos del cierre del ITT
La decisión de cerrar el ITT ha suscitado preocupación por las posibles consecuencias económicas para Ecuador. El Observatorio de la Política Fiscal ha advertido que el cierre del bloque podría implicar la necesidad de aumentar impuestos o aranceles para compensar la pérdida de ingresos. La pérdida proyectada de $13,000 millones en ingresos futuros y los costos asociados con el desmontaje de infraestructuras destacan el impacto significativo que esta medida tendría en la economía del país.
![La Corte Constitucional rechazó el pedido de Petroecuador para aclarar el plazo de cierre del ITT, imponiendo una decisión irreversible.](https://panoramaecuador.com/wp-content/uploads/2024/07/65aefb381fd77.png)
El Gobierno de Daniel Noboa ha formado un comité especial para abordar estos desafíos y planificar la transición del cierre del ITT. Este comité tiene la tarea de desarrollar estrategias para mitigar el impacto económico y asegurar que se cumpla con los requerimientos legales establecidos por la Corte Constitucional.
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